Hoy, 14 de febrero, se recuerdan 140 años de la infausta invasión de Chile al puerto boliviano de Antofagasta, iniciando de esta manera la guerra del Pacífico que despojó a Bolivia de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio y de una extensión de 400 kilómetros lineales de costa. Los daños que ha sufrido nuestro país con esta agresión son cuantiosos, no solamente por las riquezas de los territorios cautivos, sino por el estrangulamiento y bloqueo que impide el acceso de Bolivia al mar y su conexión libre con el mundo.
El economista y consultor internacional Jeffrey Sachs, en un libro estimó que un país sin litoral pierde aproximadamente 0,7 puntos porcentuales de su crecimiento anual. Es difícil cuantificar de los daños, dada la magnitud de la pérdida de recursos naturales como el guano, salitre, plata, cobre, litio, otros minerales y recursos marinos, además de las consecuencias del enclaustramiento geográfico.
Nuestro país no se encontraba preparado para afrontar una situación semejante, primero por una irresponsable y poco visionaria política nacional que dejó postergada a la costa pese a sus riquezas y potencialidades. Los gobiernos de la época descuidaron la preparación del país para una eventualidad semejante, pese a las evidentes actitudes hostiles de Chile y sus preparativos expansionistas. Inclusive el Congreso nacional frenó las intenciones de varios gobiernos para gestionar empréstitos destinados a armar al Ejército, ya que se conocían de preparativos belicistas de Chile que comenzó con una invasión pacífica de ciudadanos que se asentaron en Antofagasta y otras ciudades bolivianas, además del respaldo de los gobiernos de Chile a las empresas que explotaban el guano y el salitre.
Inclusive se atrevió Chile a aprobar una ley que su Congreso dictó el 31 de octubre de 1842, declarando propiedad chilena las guaneras «del desierto de Atacama e islas adyacentes», ubicadas en territorio boliviano. De esta manera las incursiones ilegales de empresas y ciudadanos chilenos se incrementaron ocupando el Litoral boliviano, que en aquel entonces tenía escasa población nacional.
Para colmo de males en 1877 Bolivia sufrió un terremoto seguido de maremoto de gran magnitud y, luego, una sequía, situación de emergencia que obligó al Gobierno boliviano a solicitar a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta el pago de una contribución de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado, para poder contar con recursos que ayuden a paliar estos desastres. El gobierno chileno aprovechó la creación del impuesto como excusa para llevar adelante la invasión, pese a que Bolivia solicitó y tramitó el arbitraje acordado.
De esta manera el 14 de febrero de 1879, al mando del Coronel Emilio Sotomayor las fuerzas chilenas ocuparon Antofagasta, al día siguiente Mejillones y a mediados del mes de marzo, ocuparon Cobija, Tocopilla, y Calama, donde Eduardo Abaroa presentó resistencia junto a un reducido grupo de héroes bolivianos que fueron exterminados. El Prefecto del Litoral Cnl. Severino Zapata, sólo disponía de cuarenta policías. Lo único que hizo fue presentar una protesta escrita y se refugió en el Consulado peruano. Fue una invasión sin previa declaración de guerra, al extremo que recién el 5 de abril de 1879, Chile declara la guerra a Bolivia y Perú. En ese momento, ninguno de los dos países agredidos se encontraba preparado para la guerra.
Ambas naciones improvisaron un Ejército Aliado, pese a que existía un tratado de defensa mutua. La guerra se caracterizó por un embate del ejército chileno armado y financiado por Inglaterra, devastando a las improvisadas fuerzas Perú-bolivianas, hasta que el 26 de mayo de 1880, la Confederación libra su última batalla y es derrotada por la poderosa maquinaria militar chilena. Los saldos del diezmado Ejército Aliado se dispersan y así se consuma la ocupación militar del Litoral boliviano y de vastos territorios peruanos.