La democracia tiene sus mecanismos para que la población exprese sus inquietudes, sus ansias, sus necesidades, adopte decisiones y ejerza la soberanía del país haciendo prevalecer los derechos y libertades de la ciudadanía. Uno de esos derechos del ciudadano es de ser consultado para adoptar decisiones de importancia, como el referendo del año 2016, que dijo No a las reelecciones indefinidas. La Constitución Política del Estado en el Art.7 proclama que «La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce en forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público…».
Asimismo en el Art.11 determina que «la democracia se ejerce en forma directa y participativa, representativa y comunitaria…» La participación directa del pueblo se da «por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria del mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa». Los resultados de un referendo son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Con esos antecedentes, el año 2016 el pueblo boliviano acudió a las urnas bajo convocatoria del Órgano Electoral a pedido del gobierno para modificar la CPE y permitir una nueva reelección para los gobernantes de ese momento. El gobierno de Evo Morales insistió pese a la oposición generalizada. El resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 fue contundente al rechazar una nueva reelección de Morales y García Linera. Ambos mandatarios, en ese momento, reconocieron el resultado y se comprometieron a respetar la decisión del pueblo.
Pero poco duró ese compromiso, ya que se comenzó a buscar pretextos para desconocer el resultado del referendo. Se arguyó que había influenciado una campaña de mentiras sobre el escándalo de las relaciones de pareja de Evo Morales. Luego arguyeron un supuesto «derecho humano» de Morales para volver a candidatear a la Presidencia, extremo que fue avalado por los magistrados del Tribunal Constitucional, que violaron las leyes y se atribuyeron facultades para cambiar las normas de la ley de leyes. Todo ese cúmulo de arbitrariedades cansó a la población que masivamente se pronunció en contra de la reelección y las violaciones a la legislación vigente. Pero contra toda lógica y contra el ordenamiento legal vigente, se consumaron las transgresiones con las elecciones de octubre de 2019 con los candidatos oficialistas para otra reelección.
El resultado fue el cambio de la tendencia electoral, hecho que desesperó a los gobernantes del MAS que perpetraron un fraude electoral sin precedentes, denunciado por los actores de las elecciones que tenían los testimonios de actas y las alteraciones en los resultados. Mientras se realizaba el conteo de voto se interrumpió el sistema, se paralizó el registro, y cuando se reactivaron los mecanismos, apareció ganando el MAS supuestamente con mayoría absoluta, pese a que no había concluido el conteo, Morales y su acompañante de fórmula se declararon ganadores. La reacción de indignación fue general e inmediatamente en la mayoría de las ciudades se levantó la ciudadanía. La Paz fue una de las últimas ciudades en levantarse contra las arbitrariedades. La juventud salió a las calles, plazas y parques protestando por el fraude que luego fue confirmado por una auditoría efectuada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El gobierno de Evo Morales quedó huérfano de todo apoyo. Solamente en el Chapare se centró el respaldo para el gobernante cocalero. Ya el país estaba en otra dimensión, la Policía y las Fuerzas Armadas les dio la espalda, y Morales y García Linera, junto a los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, renunciaron y se fueron del país, dando lugar a la sucesión presidencial que llevó al poder a un gobierno de transición que fue la esperanza de un retorno a la legalidad. Pero lejos de ello, la ciudadanía se sorprendió por las decisiones de un régimen provisional con mandato específico de convocar a elecciones, que se desvió y utilizó el poder para convertir en candidata a la presidente transitoria, y amenazar con perseguir a gente del anterior régimen. Al entrar en campaña se descuidó el gobierno pese a que la pandemia de coronavirus avanzaba en el mundo.
El desgobierno fue de tal magnitud que se utilizó al covid-19 para efectuar negociados. El gobierno de transición se aplazó en todos los sentidos, y defraudó a un intenso movimiento multidisciplinario civil y cívico, que había cifrado sus esperanzas en una reconducción del país. De todas maneras, el 21F ha quedado como símbolo de la voluntad ciudadana, de las ansias por una democracia efectiva y de la decisión de un pueblo de defender la ley, la Constitución Política, y el estado de derecho en el país. Al recordarse el 21F, varias instituciones emitieron pronunciamientos, señalando que es el ejemplo de que el pueblo tiene la soberanía de las decisiones.