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viernes, abril 19, 2024
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Abogados de Áñez presentan recurso para que Parlamento trate juicio de responsabilidades

Los abogados de la expresidenta interina Jeanine Áñez presentaron este martes una acción legal para que el Parlamento trate una proposición acusatoria de un juicio de responsabilidades por la muerte de civiles en 2019, que está en esa instancia desde agosto de 2021.

El recurso jurídico está dirigido contra el presidente nato del Parlamento, el vicepresidente del país, David Choquehuanca, y los legisladores que conforman la comisión de Justicia y Ministerio Público porque «hay un incumplimiento de deberes» en este caso, aseguró a los medios el abogado Alaín de Canedo.

«Estamos demandando el cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Juicio de Responsabilidades frente a requerimientos acusatorios que se tienen contra la exmandataria de Estado (Áñez) ya que desde el año 2021 no avanzan y se encuentran estancados», apuntó el jurista.

En agosto de 2021 la Fiscalía General remitió al Legislativo al menos cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez para el inicio de juicios de responsabilidades por acciones realizadas durante su gestión, entre ellas la muerte de una decena de civiles en Senkata, un barrio de El Alto.

Para De Canedo, el Parlamento «debe tratar» o debatir sobre la viabilidad de esos juicios ya que «toda otra forma de procesamiento es completamente ilegal».

El pasado 24 de enero un juez ordinario se declaró competente para administrar el caso Senkata, en el que se acusa a Áñez por los delitos de genocidio, homicidio además de lesiones graves y leves pese a que existe una misma acusación no resuelta en el Parlamento.

Esa decisión fue considerada por algunos funcionarios del Gobierno de «histórico», mientras que exautoridades oficialistas y varios expertos señalaron que Áñez merece un proceso especial en el Legislativo.

Por su parte, el abogado Luis Guillén advirtió que el oficialismo busca «bajo diferentes mecanismos» devolver las proposiciones acusatorias contra Áñez a pesar de que la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) valoraron previamente su competencia en el caso.

La exmandataria interina está detenida desde marzo de 2021, inicialmente por el caso «golpe de Estado I» bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.

Luego se la procesó en el llamado caso «golpe de Estado II», por el que se la sentenció a 10 años de prisión por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, al situarse indebidamente en línea de sucesión tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019 y otras altas autoridades.

Para el oficialismo la crisis de ese año fue producto de un «golpe de Estado», mientras que para la oposición consistió en una protesta de la población por un fraude en beneficio de Morales en las frustradas elecciones generales.

La constitucionalidad o no de la Presidencia interina de Áñez ha dado lugar a que se le inicien varios procesos por la vía ordinaria, incluidas acciones durante su gestión, a pesar de que su defensa reclama que debiera tener un juicio de responsabilidades en el Parlamento.

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