Un fiscal presentó una acusación por corrupción contra 21 procesados por una supuesta adjudicación irregular por unos 148,8 millones de dólares a una empresa italiana en Bolivia, entre ellos un expresidente de la estatal YPFB, según informó ayer la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía Departamental de La Paz presentó la acusación formal al Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción, dentro del proceso de adjudicación de tres taladros a la empresa italiana Drillmec por un valor total de 148,8 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía del Estado.
El fiscal anticorrupción a cargo del caso, Germán Rea, explicó en ese texto que el proceso comenzó el 20 de abril de 2017 al advertir «irregularidades» en la contratación de la empresa por parte de funcionarios de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Esas «irregularidades» se cometieron «a través de distintos actos administrativos, acciones y omisiones, mediante las cuales, presuntamente, se vulneró la normativa», dijo el fiscal Rea.
Además de Guillermo Achá, expresidente de la estatal petrolera YPFB, están acusados David P.A., Bismark S.P., Gizel S.R., Félix M.B.M., Julio J.N., Cinthia M.N.S., Carmen L.T.G., Paola A.O.R., Maira G.V.O., María E.A.C., Roxana L.N.U., Mario A.D.V., Miguel A.B.S., Martín E.P.P., José M.R.G., Fabián R.A.T., David F.V.R., José P.S.S., Diego B., y Pedro P.H.F.
Los delitos que se les atribuyen son: Incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, entre otros.
Con la acusación formal, se debe dar paso a un juicio en que se determine una sentencia condenatoria o absolutoria.
De acuerdo con el fiscal, en la investigación se evidenciaron actos supuestamente irregulares en la contratación de tres taladros de perforación, como una «ilegal aceptación de un poder sin valor jurídico, sin un documento de constitución de empresa, y de un registro tributario observado».
El presidente del país, Evo Morales, destituyó al responsable de la empresa pública cuando saltó el caso y señaló que las posibles irregularidades se detectaron a tiempo, aunque descartó un daño económico al Estado boliviano.