El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que el Ministerio Público admitió la demanda penal instaurada por el Viceministerio de Transparencia institucional y Lucha Contra la Corrupción contra el suspendido alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y 14 de sus colaboradores por un nuevo caso de corrupción.
La Fiscalía acusa a Leyes de un presunto sobreprecio de más de 29 millones de bolivianos en la compra de equipos, cámaras y la construcción de torres de comunicación, para el proyecto denominado «Ciudad Segura».
«Esta denuncia ya ha sido admitida, están trabajando los fiscales. Se han emitido ya algunos requerimientos para tener mayor información», explicó.
Este nuevo caso de corrupción fue revelado hace una semana por el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, y establece que la Alcaldía de Cochabamba compró cámaras de la empresa Huawei Technologies y las torres de comunicaciones de la empresa Hansa LTD, con presunto sobreprecio de 22.443.470,92 y 6.578.047,60 bolivianos, respectivamente.
Según Guerrero, el caso comenzó a ser investigado desde el lunes pasado con la solicitud de acceso a los documentos de las compras municipales.
Acotó que el Ministerio Público se prepara para citar en los próximos días a las personas que fueron parte del proceso de la adquisición de esos equipos de video vigilancia.
«Seguramente, los fiscales una vez que hagan la valoración de la documentación, la valoración de las declaraciones que se tomen van a emitir las resoluciones que correspondan. Entonces, está investigación está en curso», refrendó.
La autoridad judicial aseguró que la indagación de ese caso se hará «con total objetividad» y dijo que no será «ningún tipo de persecución contra nadie».