La ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, al calificar de «política» la movilización que iniciaron los vendedores de ropa usada, advirtió que legalizar ese rubro, significaría matar a la industria nacional.
«No podemos ceder, nosotros, para matar a la industria nacional, a nuestros microempresarios», puntualizó.
La ministra ratificó que el Gobierno no puede acceder a las demandas de los denominado ropavejeros y, por el contrario, defenderá la producción nacional.
«Ya es una movilización política. Nosotros no podemos acceder algunos pedidos que están pidiendo los de la ropa usada (…) vamos a matar la industria nacional, aquí se trata de defender lo nuestro, la industria nacional (…) es fácil traer lo de afuera y no producir aquí», remarcó.
«Por tanto, les decimos a nuestros compañeros (vendedores de ropa usada) que hoy en día están movilizados, son temas que no se puede afectar. Si ustedes quieren fortalecer la producción nacional empiecen a vender ropa nacional, productos nacionales, porque meter ropa usada desde otros países liquida a las industrias nacionales», complementó.
Asimismo, rememoró que semanas atrás ya se firmó un convenio con los dirigentes nacionales del sector, en el que se acordó trabajar para identificar acciones que permitan la conversión del sector a otra actividad productiva.
También agregó que se acordó que, una comisión nacional controle la no proliferación de ropa usada en el mercado nacional, por lo que advirtió que esos convenios no se estarían cumpliendo.
Sifuentes recordó que en anteriores años se entregó al sector de la ropa usada hasta 10.000 dólares por cabeza a manera de crédito para que inicie la conversión de su actividad a una productiva, pero acotó que ese monto fue usado para fortalecer su «rubro ilícito» en contra de la producción nacional.
Hace varios días que los comerciantes de prendería usada protagonizan movilizaciones en varias ciudades capitales del país, en demanda de que se legalice la importación y venta de su mercadería, solicitud que va en contra del Decreto Supremo 28761 que prohíbe su internación y venta en el país.
Según el sector comerciante de prendería usada, esta norma va en contra de su derecho al trabajo, por lo que pide su derogación, así como se le reconozca como sector social. Debido a que su petición no es escuchada por las autoridades, los vendedores de ropa usada exigen una reunión con el presidente Evo Morales.