Los agricultores de la región de Santa Cruz protestaron este viernes sacando sus tractores a las carreteras contra una política gubernamental que fija una banda de precios para la venta de harina de soya en el mercado interno.
Pequeños y medianos productores de soya apostaron en fila sus camiones y tractores a un costado de las principales rutas del norte cruceño, informó a los medios el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores.
«Esta es una medida de protesta para expresar el malestar que tenemos los productores soyeros por la aplicación de la banda de precios para la venta de la harina de soya en el mercado interno», comentó Flores, citado en un comunicado de la Anapo.
La medida gubernamental, vigente desde fines de diciembre pasado, «perjudica» a los agricultores «en la obtención de un precio justo» para el grano producido en la campaña de verano 2020-2021, indicó.
En este «tractorazo» participaron «más de mil maquinarias agrícolas» colocadas a un lado de la carretera que pasa por importantes zonas productivas cruceñas como Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, Okinawa y San Pedro, entre otras.
Según Flores, el sistema de bandas de precios distorsiona el proceso de negociación entre los agricultores y las industrias, porque es el principal argumento que utilizan las segundas para pagar menos por el grano de soya.
«Solo genera un precio de subsidio para la harina de soya que es traspasado a los productores y nos es justo que estemos subsidiando a otros sectores productivos», lamentó.
Los agricultores han propuesto al Gobierno de Luis Arce que la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) compre el grano a ese sector y lo transforme en harina para venderlo a los productores pecuarios con precios subsidiados, si lo consideran conveniente, según Anapo.
Con el «tractorazo» también reclamaron que se les permita usar semillas transgénicas en los cultivos de soya y maíz para mejorar la producción y disminuir los riesgos de pérdidas ante condiciones climáticas adversas «que han significado unos 500 millones de dólares en los últimos cuatro años», señaló Flores.
Los productores dieron plazo hasta el próximo 19 de febrero para ser atendidos y advirtieron con nuevas medidas de presión si sus demandas no son escuchadas.
El Gobierno de Luis Arce anuló en diciembre una serie de decretos económicos aprobados durante la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez al considerar que aquellas medidas «favorecían a grupos de poder» y «no estaban bien fundamentadas».
Una de las normas anuladas fue el decreto que liberaba las ventas agroindustriales al exterior al dejar sin efecto un certificado de abastecimiento interno y precio justo creado en el Gobierno del expresidente Evo Morales y que se exigía a los empresarios para exportar.
El Ejecutivo argumentó que con la medida se busca mantener la seguridad alimentaria y el abastecimiento oportuno de la demanda interna.