Es comprensible la esperanza que miles de artesanos tienen en la tradicional feria de Alasita como un medio importante para recuperar su economía, y también es comprensible que las autoridades se solidaricen con una dolorosa realidad que ha dejado sin recursos a la mayoría de los bolivianos en general y a los artesanos en particular, como consecuencia de la pandemia que obligó a paralizar o disminuir muchas actividades, dejando sin trabajo a miles de ciudadanos, y obligando al cierre de centenares de empresas. Pero esa solidaridad también debería darse con las penurias del pueblo boliviano que se encuentra expuesto a mayores contagios cuando se realizan concentraciones masivas de gente, como es el caso de esta feria de la fortuna vernácula, imposible de controlar, debido a que existe gente irracional e irresponsable a la que no le importa enfermarse o contagiar.
Ojalá nos equivocásemos, pero autorizar la realización de esta feria fue un error que seguramente lo lamentaremos todos, por contribuir a romper la cadena de medidas de bioseguridad en momentos en que crecen los contagios de covid-19, y a sabiendas de las carencias hospitalarias y de recursos. Ya los hospitales están con demasiados pacientes y en todo el país son centenares los médicos, enfermeras, y personal de apoyo que han sido dados de baja por contagios.
Alasita es la fiesta de la suerte, de la alegría y la esperanza en la fortuna, pero en estos momentos puede convertirse en factor de penurias e infortunios, como detonante para una mayor escalada de contagios, especialmente en La Paz, donde esta feria concentra a cientos de miles de creyentes en la posible buena ventura que recibirán al cumplir con la tradición de adquirir los más preciados y anhelados bienes u oportunidades simbólicas. Esta vez, esa aspiración puede convertirse en desdichas por no comprender en su justa dimensión que La Paz, el país, y el mundo están pasando por la emergencia sanitaria más dura y atroz desde la segunda guerra mundial.
Aun mayor es la preocupación debido a la decisión del gobierno de ceder a la presión de los grupos antivacunas dejando sin efecto la obligatoriedad de presentar certificados de vacunación o de prueba PCR para ingresar a locales públicos. En algo alienta el anuncio de los municipios de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sucre, de exigir los certificados pese a que el gobierno levantó las manos. Esperemos que puedan hacer cumplir su determinación sin contar con la fuerza pública ni el apoyo de las Fuerzas Armadas que parece que ya entraron nuevamente a la órbita política.
La situación tiene que preocupar a todos porque la pandemia está reproduciéndose rápidamente, aunque felizmente, según algunas evidencias, con menos gravedad y secuelas gracias a las vacunas. Pero los riesgos continúan. En una última información, la Organización Panamericana de Salud (OPS) confirmó, como parte de la Alerta Epidemiológica, el rápido incremento de contagios de covid-19 en la región. Se estableció que el tiempo de duplicación de la enfermedad en Bolivia es de 4,6 días. Esto significa un incremento de casos en un tempo más corto. Desde la Semana Epidemiológica (SE) 51 de 2021 (la penúltima de diciembre), el número de casos nuevos notificados semanalmente en las Américas prácticamente se ha duplicado, pasando de 1,7 millones en la SE 51 de 2021, a 3,4 millones en la SE 52 de 2021, y a 6,2 millones en la SE 1 de 2022, según la OPS.
Pero nada de esto le interesa al Ministerio de Salud ni a los grupos movilizados contra las vacunas. Durante la última semana en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se ha pasado de dos mil nuevos casos diarios en cada departamento, y la mayoría de los nuevos contagios corresponde a personas no vacunadas. El ingreso a las salas de terapia intensiva también, en su mayoría corresponde a gente que no fue vacunada o que tiene enfermedades de base. Otra consecuencia de dejar en suspenso la presentación de certificaciones, ha sido que la gente ha dejado de concurrir a los lugares de vacunación. Algunos centros han sido levantados porque no hubo a quien vacunar. Pero sugestivamente, el fin de semana, según el reporte del Ministerio de Salud, los contagios bajaron a la mitad, de diez mil a cinco mil casos.
Finalmente es necesario reflexionar sobre las consecuencias de permitir que impunemente se atente contra la salud de la población, sin comprender que el derecho de cada persona, por más sagrado que sea, termina donde comienza el derecho de los demás. Hizo mal el gobierno al generalizar la exigencia de certificados, cuando existen situaciones especiales de gente que no puede vacunarse por prescripción médica, creencias religiosas o simplemente por rebeldía, pero todas esas salvedades deberían tener una salida por la misma vía, la certificación de su situación especial. Pero acceder a una demanda irracional entra en la complicidad con la generación de situaciones de riesgo.