El auto de buen gobierno rige desde esta madrugada en todo el país, prohibiendo reuniones, marchas, huelgas y proselitismo político. Las Fuerzas Armadas y la Policía han sido movilizadas para garantizar que existan condiciones para que las últimas 72 horas previas y durante las elecciones la ciudadanía tenga seguridad. Las medidas adoptadas implican una serie de prohibiciones que deben acatar todos los ciudadanos, caso contrario pueden estar sujetos a multas desde 500 hasta más de 100 mil bolivianos, según la gravedad de la falta. En los nueve departamentos se emitieron los autos de buen gobierno que coinciden en casi todos sus efectos.
Entre las limitaciones se contempla la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Los ciudadanos identificados quebrantando esta norma deberán pagar una multa de hasta 1.273 bolivianos. Asimismo, está prohibida la congregación de gente para actos o espectáculos, portar armas de cualquier tipo, efectuar manifestaciones públicas, traslado de ciudadanos de un recinto a otro, circulación de motorizados sin autorización y viajes interdepartamentales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), advirtió que la Policía deberá intervenir para desmontar estas protestas y hacer cumplir la ley.
Por otra parte, ha cesado el tiempo de propaganda y rige el silencio electoral. La población y los partidos políticos deben abstenerse de continuar con el proselitismo, según el artículo 116 de la Ley 026 del Régimen Electoral. La norma establece que el plazo para la difusión de campaña y propaganda electoral es hasta 72 horas antes de las elecciones. Las organizaciones políticas que vulneren esta disposición deberán pagar una multa de 106.100 bolivianos. Esta situación también se aplica a las organizaciones indígenas, campesinas y particulares, para las cuales las sanciones oscilan entre 1.273 y 63.660 bolivianos.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) anunció que “la difusión de propaganda electoral fuera del plazo establecido da lugar a la suspensión inmediata de la propaganda, y a sanciones económicas, tanto a la organización política o alianza que la contrató como al medio de comunicación que la difundió, con una multa equivalente, en ambos casos, al doble de la tarifa promedio inscrita por el medio ante el Órgano Electoral, además de la inhabilitación al medio de comunicación de difundir propaganda en el siguiente proceso electoral”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) coordinó con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para que el día de las elecciones, para el control en todos los recintos electorales desde la instalación de las mesas de sufragio hasta el final de la jornada. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero, firmaron un acuerdo para aplicar el “Plan de operaciones, Elecciones 2019” a través del cual los militares brindarán seguridad a toda la jornada electoral, desde la custodia de imprentas de material, el almacenamiento de papeletas, hasta el traslado de los sobres de seguridad en los cuales estarán las actas que certifican el conteo de votos de las mesas de sufragio.
En total son 11.171 hombres, entre soldados e instructores que estarán presentes en 1.623 recintos electorales y en el control de 12.163 mesas de sufragio. La mayor cantidad de los militares, 71 %, irá al área rural, mientas que el 29 % trabajará en capitales de departamento. Militares y policías tendrán la misión de custodiar, mantener el orden y garantizar la seguridad en los recintos electorales designados en los que se instalen y funcionen mesas de sufragio. Brindar seguridad a los miembros de organizaciones internacionales, y veedores acreditados por el Tribunal Supremo Electoral. Empleo de personal de cuadro y tropa para proporcionar seguridad en las proximidades y puertas de ingreso a los recintos electorales. Coordinar permanentemente con los tribunales departamentales electorales correspondientes, para garantizar la seguridad en todas las actividades a realizar y mantener el orden en los recintos electorales, así como el traslado de los sobres de seguridad. Prever ante cualquier emergencia el transporte terrestre aéreo fluvial y lacustre de acuerdo a necesidades del Tribunal Supremo Electoral.