La paralización del proyecto para explotar litio entre empresas de Bolivia y Alemania conllevaría un «duro revés» para las relaciones económicas entre ambos países, advirtió el embajador alemán en La Paz, Stefan Duppel.
El embajador se refirió en estos términos al anuncio por parte del Gobierno interino de Bolivia de que buscará una solución «amigable», tras la anulación de un decreto para una sociedad mixta entre ambas partes al final del anterior Ejecutivo de Evo Morales.
«Alemania reafirma su compromiso con Bolivia en el proyecto del litio, y mantiene su palabra. ¿Y Bolivia?», se preguntó el embajador en un mensaje en Twitter.
Duppel subrayó en la red social que «detener el proyecto representaría un duro revés para nuestras relaciones económicas bilaterales y para la credibilidad internacional de Bolivia como un lugar de inversión».
El viceministro interino de Altas Tecnologías, Luis Ferrufino, mencionó el pasado martes que la «salida amigable» pasa porque la empresa alemana ACI Systems acepte retirar los depósitos que hizo para conformar la empresa mixta con la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).
En octubre de 2018 ambas firmaron un acuerdo para formar una empresa mixta dedicada a la explotación de este mineral en el salar boliviano de Uyuni, considerado una de sus mayores reservas mundiales de litio con cerca de 21 millones de toneladas.
El Gobierno de Morales emitió después un decreto para la explotación, producción y comercialización de hidróxido de litio en el salar por setenta años por parte de la empresa mixta.
El acuerdo preveía que YLB aporte el 51 por ciento y ACI Systems el 49 de la sociedad conjunta, con un capital de alrededor de diez millones de dólares.
La inversión de la que se habló para una planta industrial de cátodos y de baterías sería cercana a 900 millones de dólares, en un plazo de unos tres años para comenzar la producción.
Sin embargo, Morales anuló el decreto en noviembre pasado, en medio de una protesta del Comité Cívico de Potosí, que criticaba la norma por los bajos beneficios que recibiría esta región.
Duppel advirtió entonces de que el acuerdo es jurídicamente vinculante, pese a haber sido «cancelado, unilateralmente y sin fundamentar», durante la gestión de Morales.