La Organización de Naciones Unidas (ONU), alerta sobre el devastador efecto que los sistemas de espionaje digital están teniendo en los derechos humanos y las sociedades. Algunos países y empresas privadas están utilizando la «retórica de la lucha contra el terrorismo y la seguridad» para justificar un importante aumento del despliegue y uso de tecnología de vigilancia de vanguardia, sin regulación alguna, y con un «devastador» coste para los derechos humanos, afirmó el martes una experta independiente de la ONU. En un informe presentado durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos, la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, advirtió de un alarmante aumento del uso de «tecnologías intrusivas y de alto riesgo».
Muchas veces, en nuestro país, se ha denunciado el espionaje a políticos y la utilización de los celulares para obtener información de la gente. Pero parece que la situación es más crítica, de acuerdo al informe que hace referencia a una serie de mecanismos de nuevas tecnologías para el espionaje. El lector podrá discurrir sobre esta situación. Entre los mecanismos utilizados se encuentran los drones, la biometría, la inteligencia artificial (IA) y los programas espía, que se están intensificando en nombre de la lucha contra el terrorismo, sin tener debidamente en cuenta el Estado de derecho, la gobernanza y los derechos humanos. La experta independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos expresó su preocupación por el creciente uso en varios países de esta tecnología para tareas de seguridad, el uso indebido de espionaje contra grupos de la sociedad civil, disidentes y periodistas, y la creciente recopilación de datos biométricos. La relatora hace una serie de recomendaciones a los Estados, las Naciones Unidas y las empresas, entre las que figuran, Aprobar una legislación nacional exhaustiva que proteja los derechos individuales y los derechos de grupo en la recopilación de datos basada en motivos de seguridad nacional, lucha antiterrorista, extremismo violento o extremismo.
Ya el año pasado, en otro informe, se reveló en la ONU que el derecho a la intimidad en línea está más amenazado que nunca por los programas espías. Estos programas permiten acceder a toda la información almacenada en nuestros equipos móviles, y se transforman en un arma para vigilar nuestras vidas, según el informe. Estas herramientas se han utilizado a menudo para reprimir opiniones críticas o disidentes de periodistas, figuras políticas de la oposición y defensores de los derechos humanos. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la privacidad en la era digital advierte sobre las serias amenazas a las que se enfrenta el derecho a la intimidad de las personas por el uso cada vez más extenso de herramientas tecnológicas de vigilancia, control y opresión.
Debido a esta circunstancia, el estudio pide el control de estos medios cibernéticos mediante una regulación eficaz que cumpla con las leyes y las normas internacionales de derechos humanos. El análisis se centra en tres áreas específicas: el abuso que cometen las autoridades estatales con las herramientas de piratería intrusiva (los programas espía, o «spyware»); el papel clave que desempeñan los métodos de encriptación en la protección de los derechos humanos en línea; y las repercusiones de la vigilancia digital generalizada de los espacios públicos, tanto en línea como fuera de internet.
En el primer caso, el informe detalla cómo algunas herramientas de vigilancia -por ejemplo, el programa informático «Pegasus»- puede convertir la mayoría de los teléfonos inteligentes en «dispositivos de vigilancia las 24 horas del día», permitiendo al «intruso» acceder no sólo a toda la información almacenada en nuestros móviles, sino que también los convierte en un arma para espiar nuestras vidas. «Aunque supuestamente se despliegan para combatir el terrorismo y la delincuencia, estas herramientas de espionaje se han utilizado a menudo por razones ilegítimas, como la represión de las opiniones críticas o disidentes y de quienes las expresan, afirma el informe, que sostiene que la intervención electrónica de un dispositivo personal por parte de las autoridades sólo debería efectuarse como último recurso y en casos que sirvan «para prevenir o investigar un acto específico que suponga una amenaza grave para la seguridad nacional o un delito grave específico».
El informe también alerta sobre la creciente vigilancia de los espacios públicos. Las limitaciones previas sobre el alcance de los métodos de observación quedaron destruidas por la recolección y el análisis automatizado de datos a gran escala, así como por los nuevos sistemas de identidad digitalizados y las extensas bases de datos biométricos que facilitan en gran medida la expansión de estas medidas de vigilancia. Las nuevas tecnologías también han permitido la vigilancia sistemática de las opiniones que la gente expone en línea, incluida la recopilación y el análisis de las aportaciones de las redes sociales. Además, se indica que a menudo los gobiernos no informan adecuadamente al público sobre sus actividades de vigilancia, e incluso que cuando se despliega este tipo de herramientas con objetivos legítimos, pueden ser fácilmente reutilizadas, a menudo con fines para los que no estaban destinadas inicialmente.