La oposición extraparlamentaria nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica propuso ayer en la mesa de negociación que mantiene con el Gobierno de Daniel Ortega promover juicios y elecciones anticipadas para superar la crisis que estalló hace casi un año.
En una agenda de cinco puntos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Ejecutivo en la mesa de negociación que comenzó el 27 de febrero pasado, también planteó la liberación de los considerados «presos políticos» y anulación de los respectivos procesos judiciales.
En rueda de prensa, la experta constitucionalista e integrante de la Alianza, Azahalea Solís, explicó sus cinco puntos de agenda, que buscan el establecimiento de la democracia en Nicaragua, así como justicia para las víctimas de la violencia desatada a partir del 18 de abril de 2018.
El primer punto consiste en la liberación de los «presos políticos» y la garantía de los derechos y libertades públicas establecidos en la Constitución, así como la anulación de juicios contra manifestantes encarcelados.
El segundo busca el retorno de la democracia a través del establecimiento de un sistema electoral confiable, que incluya las recomendaciones y observaciones para unas elecciones anticipadas, que sean «libres, justas, transparentes y observadas».
Como tercer punto la Alianza busca justicia, por medio de un proceso de búsqueda de la verdad, juicios, reparación y garantía de no repetición, que consoliden la paz, la seguridad y los derechos humanos, sin caer en la impunidad.
Un cuarto punto es la implementación de mecanismos para que los acuerdos se realicen en el menor plazo posible.
El quinto y último busca que el Gobierno cumpla con su promesa de aplicar las 18 recomendaciones emitidas a mediados de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para superar la crisis, entre ellas el cese de la represión y juzgar a los responsables de actos violentos.
Los detalles de la agenda fueron presentados públicamente para que los nicaragüenses conozcan cuáles acepta el Gobierno y cuáles no, según avancen las negociaciones, según la Alianza.
El 11 de marzo el Gobierno presentó una agenda en la que se mostró abierto a tocar temas como la libertad de los manifestantes presos, reformas electorales, justicia y reparación, e implemento de los acuerdos.
El Ejecutivo, a través de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dijo el lunes que el Gobierno está «en el empeño, en la responsabilidad, en la sincera preocupación, el sincero compromiso, de consensuar lo mejor para Nicaragua».
Las negociaciones transcurren hasta ahora sin resultados concretos y en medio de la desconfianza mutua, según han reconocido las partes.
Mientras, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) instó al Gobierno a crear las condiciones básicas para iniciar «una negociación franca y sincera».
En tanto, el analista político y académico Félix Maradiaga sugirió a la Alianza Cívica levantarse de la mesa de negociación, bajo el argumento que Ortega está «urgido» de resolver la crisis antes de que su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro, «colapse».
«¿Acaso no valdría la pena, más bien, suspender totalmente todo diálogo o negociación con Ortega, y esperar a que Maduro esté más arrinconado y a que las sanciones aprieten más», planteó.
Por otro lado, el cardenal Leopoldo Brenes elogió la labor del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag como testigo y acompañante internacional de las negociaciones, especialmente en la gestión por la excarcelación de prisioneros opositores.
El representante del Vaticano ha sido el principal gestor de la excarcelación de 188 manifestantes antigubernamentales, según cifras del Gobierno, y de 162, según la oposición, que guardaban prisión por protestar contra Ortega.
Durante la jornada, un juez de Nicaragua archivó una acusación contra la Yonarqui Martínez, conocida como «la abogada de los presos políticos» por representar legalmente a más de 60 detenidos.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha ocasionado 325 muertos desde abril del año pasado, según la CIDH, aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.