ALP no tiene competencia para pronunciarse sobre alquileres

APG

Abogados del Foro Paceño afirman: «Los parlamentarios cometerían atentado contra la propiedad privada que está protegida por la Constitución Política del Estado y normas legales.

En un caso extremo la jurisdicción es del Órgano Judicial, a través de jueces, pero de ninguna manera por alguna disposición de la Asamblea Legislativa, porque constituiría incumplir la Constitución Política del Estado e incursionar en competencia ajena a su desempeño.

Los actuales parlamentarios deben entender y comprender que no tienen facultad, jurisdicción, competencia, para elaborar disposiciones sobre ningún hecho que se lo debe tratar, discutir, consensuar, en un gobierno constitucional legalmente posesionado y por tanto con un Legislativo que tenga legitimidad, legalidad, constitucional.

No escuchar a las partes contratantes de mutuo propio y de buena fe, sobre alquileres de bienes raíces, seria poner en indefensión a una de ellas, mucho más cuando varias propietarias de oficinas, tiendas, locales comerciales, etc., adquirieron a plazos dichos bienes y los deben ir pagando en cuotas a los Bancos. Además, no es legal que los dueñas y dueñas de bienes raíces, en el caso con personería legal para contratar alquileres, tengan que pagar anualmente impuestos a las alcaldías, impuestos al IVA, IT, e Impuesto Trimestral. Es decir, intentar los legisladores inmiscuirse en jurisdicción y competencia ajena, generaría un laberinto de tal forma que las o los propietarios se vean enfrentados con los inquilinos y en lo legal los afectados en este caso, asumirían acciones penales y civiles, para buscar sanción a los responsable del caos (diputados y senadores de facto) y daños económicos en la vía civil, pidiendo el embargo de los bienes de los parlamentarios, que de una u otra manera tendrán que dejar el cargo, visto que tiene que haber nuevas elecciones generales presidenciales y también nuevos diputados y senadores.

Es inexplicable que si existen documentos de alquileres reconocidos legalmente ante Notario de fe Pública, como dispone el Condigo de Procedimiento Civil, en forma retrospectiva -sin valor legal- se pretenda alterar el curso jurídico legal de los contratos convenidos, plazos de conclusión de los mismos».

En defensa de la propiedad privada la Asociación de propietarios en emergencia

La Asociación de Propietarias (os) de bienes raíces, considera que, desgraciadamente el gobierno de la señora Jeanine Añez, al haber permitido que funcione la Asamblea Legislativa que estaba en huida, porque varios de sus miembros, entre ellos la expresidenta titular del senado Adriana Salvatierra y el expresidente de la Cámara de Diputados, Héctor Borda y otros parlamentarios, se asilaron en la embajada de México.

Expresa: «Entonces ¿qué valor ético, legal, constitucional tendría el que estos parlamentarios que no fiscalizaron debidamente, en su oportunidad, los casos del caso del Hotel América, daños económicos en el caso de las Barcazas Chinas, Fondiuc, Camce, compra del avión presidencial, construcción de la Casa del Pueblo, adquisición de vehículos a Toyota de mas de dos mil cien unidades, la transferencia del teleférico a empresas del paraguayo venezolano Gil, la construcción de caminos, sin licitación, los créditos y deuda externa de más de once mil millones de dólares y la deuda interna de más de diez mil millones de bolivianos?»

El caso de la interpelación al ministro de Defensa, Luis López, legalmente no fue acatada por el Órgano Ejecutivo.

Manifiesta que «todas las acciones de parlamentarios de facto, son nulas de pleno derecho y sus actores (diputados y senadores) pasibles a sanciones y procesos penales y civiles, por prevaricato, incumplimiento de deberes constitucionales, resistencia a resoluciones judiciales, intromisión en asuntos de índole privada, atentado contra el derecho de propiedad de bienes raíces, etc., es decir generarían inseguridad jurídica, e inseguridad ciudadana».

La ALP no tiene jurisdicción ni competencia para revisar, anular, modificar, pronunciarse sobre contratos de propiedad privada.

La Asociación de propietarios de bienes raíces, manifiesta que todos sus afiliados están en emergencia.