El organismo internacional Human Rights Watch (HRW) deplora la forma de amnistía que determinó el gobierno de Luis Arce, porque «permite la impunidad por delitos graves y abusos». Esta organización de defensa de los derechos humanos, considera que, en vez de la amnistía, los fiscales y los jueces deberían revisar todos los casos y retirar o desestimar los cargos que no se sustenten en evidencias sólidas o que sean desproporcionados.
Señala también que el decreto presidencial que dispone el indulto «parece haber sido diseñado para favorecer a partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno». En un comunicado de prensa, reconoce que «Existen pruebas contundentes que indican que el gobierno de Áñez persiguió a partidarios del MAS en casos que obedecían a motivaciones políticas», según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. «Sin embargo, otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley».
HRW considera que en vez de la amnistía, los fiscales y los jueces deberían revisar todos los casos y retirar o desestimar los cargos que no se sustenten en evidencias sólidas o que sean desproporcionados, señaló. Asimismo, en los casos en los cuales haya habido violaciones al debido proceso, deberían aplicarse las medidas de reparación previstas por la legislación boliviana. Puntualiza que líderes del MAS han indicado que la amnistía e indulto se aplicará a sus partidarios. Además, el decreto coloca las decisiones sobre quién recibirá la amnistía o indulto en manos de instancias dentro del Poder Ejecutivo, controlado por el MAS. Por último, el proprio decreto afirma que se dirige a personas que sufrieron «evidente persecución política» por parte del gobierno de Áñez por defender la democracia y los derechos fundamentales, en aparente referencia a miembros del MAS.
Recuerda que, tras aprobar el decreto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del MAS, dijo que se aplicará a sus «hermanos» y «compañeros que se opusieron al gobierno de la ex presidenta interina Áñez», y «son perjudicados sin motivo alguno». «Lo que se quiere es que se (los) libere de todo cargo penal», manifestó. Afirmó que el decreto se aplicará a «más de 1.000 personas», pero ni él ni el gobierno han publicado una lista ni dado precisiones sobre los casos específicos.
En realidad, el gobierno de Arce estima que 3.180 detenidos -el 18 % de la población penitenciaria- podrían recibir una amnistía o indulto como resultado del nuevo decreto. La ambigüedad del lenguaje del decreto permite una interpretación excesivamente amplia de los casos en que se puede aplicar la amnistía o el indulto. Esto resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo, señaló Human Rights Watch. Después de que una persona presente un pedido, esas instituciones oficiales contarán con tan solo tres días hábiles para revisar el caso y tomar una decisión, lo cual constituye un período extremadamente breve para realizar un análisis completo.
Como resultado de este decreto, podrían concederse amnistías en casos de quema intencional de edificios, secuestro, homicidio y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidarios del MAS, tal como lo documentó Human Rights Watch en un informe anterior de septiembre de 2020. Recordemos la quema de la casa del ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, de periodistas, de los buses PumaKatari y ataques a domicilios particulares, así como el intento de hacer volar la planta de YPFB de El Alto; las proclamas por una guerra civil y otros delitos.
El decreto no ofrece ninguna explicación sobre cuáles son los delitos durante el gobierno de Áñez que debería considerarse que tienen «una relación directa» con esos conflictos sociales. Si bien hace referencia, de manera genérica, a la «franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales» como justificación para la amnistía o el indulto, no establece ningún mecanismo ni criterio que permita determinar si se violaron esos derechos en casos específicos. Por tanto, existe el riesgo de que la amnistía y el indulto se apliquen de una manera amplia a casos en los que no hubo violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
Otras partes del decreto sugieren que cualquier persona que haya sido procesada durante el gobierno de la ex presidenta Áñez por actos que hayan tenido lugar durante protestas sociales, fue víctima de una violación de derechos humanos. El preámbulo establece que, aun cuando «los hechos ocurridos recientemente en la etapa de crisis política e institucional, formalmente pueden interpretarse cómo delitos…, resulta evidente que los mismos no respondían a la intención de cometer una infracción; más al contrario expresaban una protesta social en defensa de la democracia y la garantía de los derechos civiles y políticos». El decreto señala que el juzgamiento de tales actos por parte del gobierno anterior ha configurado una «evidente persecución política».