La Fiscalía informó este martes la ampliación de la investigación contra Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación del Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez, por presuntamente gestionar «de manera irregular» ante Ecuador la dotación de equipos antidisturbios durante la crisis de 2019.
El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que la comisión de fiscales que investiga ese caso dispuso «ampliar la imputación formal» contra la exfuncionaria que a mediados del año pasado salió del país y pidió asilo político en Perú.
Este proceso pertenece al caso llamado «Armamento No Letal-Ecuador» en el que se manejan acusaciones por tráfico ilícito de armas además de tenencia, porte y uso de armas no convencionales e incumplimiento de Deberes, según la Fiscalía.
La razón por la que se incluye en el proceso a la exfuncionaria del Gobierno interino es por un supuesto contacto que tuvo «con personal policial de la República de Ecuador» en una reunión junto a los exministros de Gobierno y de Defensa Arturo Murillo y Luis Fernando López, ambos fuera del país, en la que también estuvo Áñez.
Quispe afirmó que el pasado 25 de febrero la Fiscalía citó a Lizárraga pero no se presentó a declarar y por ello emitió la «declaratoria de rebeldía» además del pedido de detención preventiva por seis meses.
En 2019 llegó al país un cargamento con 5.000 granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance y 560 de corto alcance, 500 granadas de sonido y destello, detalló la Fiscalía.
En junio del año pasado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó el hecho como que desde Ecuador se hubiese entregado gases lacrimógenos y «municiones de guerra».
Un mes después, el Gobierno reveló una operación similar con Argentina en la que se señaló al exembajador de ese país en Bolivia Normando Álvarez y dos excomandantes bolivianos por «tráfico de armas» durante la crisis de 2019, en un hecho que incluso se señaló al expresidente argentino Mauricio Macri.
Este caso salió a luz por el hallazgo en depósitos de la Policía Boliviana de 26.900 cartuchos de perdigón de goma, varias unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4, granadas de gas CN, H y CS 2, además de tipo béisbol que pertenecieron a un envío el 13 de noviembre.
El Gobierno consideró que el material enviado por Ecuador y Argentina pudo haberse utilizado en las protestas de Sacaba y Senkata en 2019 que derivaron en la muerte de más de una veintena de civiles en protestas contra el Gobierno interino, al que ahora se acusa de haber llegado al poder mediante un «golpe de Estado».