La desnaturalización del sistema judicial en Bolivia tiene varios factores, pero el principal ha sido la injerencia de la política, en el anterior gobierno, en las decisiones judiciales y la perversión de los mecanismos de independencia con la desaparición «de facto» de la separación de Poderes.
Recordemos que el MAS abiertamente anunció su decisión de tomar los cuatro Poderes -Órganos del Estado, como única forma de gobernar a plenitud. No se admitía a librepensadores. En esa línea, algunos adictos al régimen cocalero se inspiran en lo que Evo Morales propugnó, «hay que meterle nomas, y luego que los abogados arreglen».
A la serie de hechos inusuales se suma ahora un amparo constitucional planteado contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por haber inhabilitado a Evo Morales para postular a una candidatura a Senador por Cochabamba para las próximas elecciones.
El abogado que defiende al expresidente, argumento -que no es lo mismo que fundamentar en Puro Derecho- el supuesto «derecho humano» de Morales a ser candidato.
La Constitución Política, en el Art. 149, determina, manda y ordena, como requisito que «para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público» y «haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente».
Residir para buen entender, significa como el lugar donde una persona, ciudadano (a), duerme, come, puede ser habida.
Morales renunció de mutuo propio a la Presidencia, en el Chapare lugar donde no había opositores o manifestaciones en su contra, nadie le puso un revolver contra su humanidad o algo parecido, para que dimita después «del fraude electoral» del 20 de octubre del pasado año que dio a conocer la Organización de Estados Americanos.
Los bolivianos no olvidan que dicho expresidente invitó a Almagro, Secretario General de la OEA, a visitar el Chapare y asistir a una concentración de su partido en Chimoré, hasta le puso guirnaldas y le dio otros recuerdos de su presencia, le halagaba como posible ratificado para la OEA, batía palmas, era su ídolo.
Después del informe de auditoría de la OEA y de los dichos de Almagro respecto a que » Evo Morales con el fraude le robó al pueblo boliviano su voluntad» ratificando informes de dicho organismo, Evo Morales echó grito al cielo, le dijo samba y canuto al uruguayo que para su desgracia fue ratificado como Secretario General del citado organismo continental.
Morales Ayma y Álvaro García Linera, después de renunciar irrevocablemente a la Presidencia y Vicepresidencia, huyeron del país, primero asilándose en México y luego diciéndose refugiados, sin tener estatus de refugiados políticos, en Argentina, donde residen actualmente por más de ocho meses.
En el poder conferido por Morales a su abogado patrocinador de la causa, ante Notario de Fe Pública de dicha República, declara que «es residente en Buenos Aires-Argentina» no indica que es precaria, temporal, menos por haber sido derrocado por golpe de estado, es prueba en contrario de sus pretensiones, argumentan profesionales.
En consecuencia, Morales Ayma no cumple los requisitos que establece la Constitución Política del Estado que fue aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores y que él en su condición de Presidente promulgó y se publicó en la Gaceta Oficial del Estado.
Cabe preguntar ¿por qué en dicha oportunidad no vetó la Ley y planteó se obvie dichos requisitos y condiciones para todos los bolivianos y bolivianas?
Por ende, no es fundamento legal, válido, jurídico, constitucional, lo expuesto por su defensa cuando señala que «se está vulnerando su derecho humano», «que tiene residencia temporal en Argentina» (admisión de derecho que constata, que no se encuentra residiendo desde hace más de ocho meses en el lugar por el que desea optar una representación o candidatura a senador).
Basándose en esa disposición constitucional, Art. 149, el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a Morales que pretendía la primera senaduría por Cochabamba.
Incongruentemente, el tema está en debate en la Sala II Constitucional de La Paz. En la línea masista, el vocal, René Delgado Ecos votó en la audiencia de amparo constitucional, a favor del demandante cuya fundamentación y del Dr. Pomier que votó en contra, se las dará a conocer mañana lunes 7 de septiembre a Hs.16 en el Salón principal del TDJLP.
En la Dirección Regional del Consejo de la Judicatura de La Paz, se informó que la decisión, Resolución, final estaría a cargo del vocal «dirimidor», Dr. Alfredo Jaime Terrazas.
Muchos juristas entre ellos el Presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia y el Presidente del Colegio de Abogados de La Paz, consideran que no corresponde el trámite que se está siguiendo. No procede designarse a un tercero «dirimidor».
Hay antecedentes, jurisprudencia, por los cuales se inhabilitó las candidaturas por cuestión de residencia.
Un principio que debe hacerse respetar, es la independencia de (Poderes) Órganos determinado en la CPE y que, además es base de los principios democráticos.
El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, recordó que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son inapelables, e irrevisables, al referirse a la inhabilitación del expresidente.
Para profesionales del Derecho, «el empate» pasaría como una anécdota judicial.
En este momento, son decenas de pedidos al TSE para que cumpla sus funciones, haga respetar sus atribuciones y sancione al MAS por el fraude electoral, que además está comprobado por las propias declaraciones públicas de Evo Morales que -ante la reacción del pueblo, de las acciones civiles que expresaban su protesta por el fraude- dijo públicamente que «convocaría a nuevas elecciones, se designaría a nuevos miembros del TSE y que no participarían en la contienda electoral su persona (Evo Morales ) y Álvaro García Linera».
No hay dónde perderse. Ante los informes de la OEA, de los hechos históricos en que millones de jóvenes repudiaron el fraude que iba a beneficiar a Morales y García Linera, lo que corresponde es inhabilitar al partido que está en tela de juicio y sea por ante el Tribunal Supremo Electoral, así plantearon los comités cívicos de Bolivia, colegios de profesionales de las distintas carreras académicas y partidos democráticos.