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viernes, abril 19, 2024
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Áñez dice que negar su Presidencia afecta a autoridades actuales

La ex presidenta interina Jeanine Áñez aseguró este miércoles que desconocer que fue mandataria implica asumir que las actuales autoridades del país, entre ellas el presidente Luis Arce, son «inconstitucionales» y podrían ser procesadas.

«Si yo no fui Presidente, señores y señoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ustedes son parlamentarios inconstitucionales, lo mismo el presidente inconstitucional @LuchoXBolivia», escribió Áñez en sus redes sociales.

Esa fue la respuesta de Áñez a la Comisión de Justicia del Parlamento que devolvió el martes tres de las cuatro proposiciones acusatorias que a mediados de 2021 la Fiscalía General presentó, debido a que esta instancia no «acreditó» su «legitimidad» como presidenta para que se proceda a un juicio de responsabilidades.

La ex jefa de Estado transitoria acompañó su publicación con una fotografía de 2020, en la que junto a la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, promulgaron la ley de elecciones generales de ese año, en las que resultó ganador el ahora presidente boliviano, Luis Arce.

Al respecto, Áñez consideró que no reconocerla como presidenta de Bolivia, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, tendría que asumirse que sus actos «fueron nulos de pleno derecho», por lo que también quienes fueron electos en aquellos comicios «serán condenados en razón a ello».

«Legitimidad» de su mandato

El argumento que expuso el presidente de esa comisión, el oficialista Luis Flores, fue que la Fiscalía no ha «acreditado» en esos actos que Áñez fue exmandataria del país.

Por lo que una sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe pedir al fiscal General, Juan Lanchipa, «se pronuncie» sobre la observación de la comisión legislativa ya que «no existen pruebas y fundamentación suficiente» de que Áñez haya «ocupado un cargo jerárquico» como el de presidenta.

Las proposiciones devueltas corresponden a un préstamo por más de 200 millones de dólares que el Gobierno de Áñez gestionó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), la ampliación de un contrato del Registro de Comercio y una denuncia de un grupo de bolivianos por vulneraciones a su derecho al trabajo durante la pandemia, en 2020.

Al respecto, el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga señaló que las «pruebas» de que Áñez fue una presidenta reconocida son «78 leyes» que promulgó y que pasaron por el Parlamento además de la ley de elecciones «que les dio sus cargos» a las actuales autoridades nacionales.

No obstante, queda aún pendiente una otra proposición de acusación contra Áñez en el Parlamento por la muerte de civiles en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, y que ha merecido que sus abogados presenten un recurso para que el Legislativo se pronuncie si corresponde o no un juicio de responsabilidades.

Para el Gobierno, la llegada de Áñez a la Presidencia durante la crisis política de 2019 fue producto de un «golpe de Estado» al entonces presidente Evo Morales, por lo que varios procesos penales en su contra siguen el canal de la justicia ordinaria y no el de un juicio de responsabilidades.

No obstante, la oposición sostiene que esas protestas se debieron a un fraude electoral a favor de Morales.

La ex mandataria interina está detenida desde marzo de 2021 y cumple una sentencia de 10 años de prisión, al estar acusada por situarse ilegalmente en línea de sucesión después de la renuncia de Morales y de otros altos funcionarios de su Gobierno.

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