La expresidenta transitoria Jeanine Áñez dijo este viernes que presentó ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de una norma que enmarca dos de los presuntos delitos por los que se le acusa en el caso conocido como «golpe de Estado II» y pidió que no se la sentencie hasta tener respuesta de esa entidad.
Áñez indicó que presentó la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 153 y 154 del Código Penal que hacen referencia a dos de los presuntos delitos por los que se le investiga en este caso, que son las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
«Asumo que ambos artículos por los cuales me juzgan contienen definiciones abiertas, difusas, discrecionales e indeterminadas, por tanto, contrarias al principio de legalidad», expresó Áñez en medio de una de sus audiencias.
La exmandataria sostuvo que el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes «no se puede dejar a interpretación de un fiscal o de un juez ordinario» y que es atribución «exclusiva del Tribunal Constitucional».
«Por tanto si ustedes en verdad asumen lo que pregonan, es decir la aplicación del derecho, deberán abstenerse de dictar sentencia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, de lo contrario, se confirmará el carácter político de ese proceso», manifestó Áñez.
Desde esta semana empezaron a declarar varios testigos del caso, entre algunos están las expresidentas de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra y Eva Copa y el exministro de Justicia Álvaro Coímbra, entre otros.
En su declaración, Coímbra sostuvo que la proclamación de Áñez fue constitucional.
Áñez está detenida preventivamente hace más de un año por el caso denominado «golpe de Estado I» en el que se la investiga por presuntos delitos como terrorismo, sedición y conspiración por la crisis social y política que el país vivió en 2019 tras las elecciones fallidas y la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
A su vez, tiene otro proceso por un supuesto nombramiento irregular de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020 y se le investiga por los supuestos delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, entre otros.
Una corte determinó este mes que por el caso de la designación irregular de EBA se desarrolle un juicio de responsabilidades y no sea por la vía ordinaria, como inicialmente se planteó.
Para un juicio de responsabilidades, el Parlamento debe tomar el caso y aprobar por dos tercios de votación para dar vía a ese juicio.