La expresidenta interina Jeanine Áñez rechazó este miércoles a los tribunales y fiscales que conducen los procesos en su contra al considerar que no tienen competencia para juzgarla como exmandataria, ante una nueva investigación por las muertes durante la crisis de 2019.
Añez publicó un hilo de mensajes en Twitter con críticas a entidades como la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además del Gobierno de Luis Arce por los procesos a raíz de la crisis política de 2019 que considera que son «nulos».
«Desconozco y rechazo a los tribunales y fiscales sin competencia que manipulan mis derechos según la narrativa que inventaron para secuestrarme y encarcelarme hace 676 días», manifestó en uno de sus mensajes.
La exmandataria interina también cuestionó si en el Ministerio Público «manda» el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, o el ministro de Justicia, Iván Lima, y si la Justicia se rige a la Constitución o al «servilismo al régimen del MAS», el Movimiento al Socialismo.
Igualmente, preguntó «qué dirá» la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «sobre el incumplimiento del informe» del grupo especial que ese organismo envió a Bolivia para «establecer responsabilidades» sobre los hechos ocurridos en el país entre septiembre y diciembre de 2019.
El ministro Lima informó sobre la ampliación de la acusación fiscal en el caso por las muertes de al menos una decena de civiles en el barrio de Senkata, en la ciudad de El Alto, en noviembre de 2019, cuando Áñez ya era presidenta interina.
En ese proceso, Áñez ha sido acusada ahora por los supuestos delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves.
Esta acusación se contrapone a otra que efectuó el fiscal Lanchipa en 2021, dirigida al Parlamento del país y que supone un juicio de responsabilidades contra Áñez, a quien el oficialismo se niega a reconocer como expresidenta transitoria e insiste en procesar por la vía ordinaria.
«El Tribunal Supremo de Justicia y el Fiscal General me reconocen como ex Presidente de Bolivia en actos jurídicos de proposición acusatoria de #JuicioDeResponsabilidades que duerme en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, fiscales y jueces de La Paz cumplen órdenes de Arce», señaló.
La exmandataria aseveró que «la verdad y la justicia se verán en un juicio de responsabilidades» que debe efectuarse tanto a ella como al expresidente Evo Morales.
«Anoten bien, Sr. Fiscal General, Sres. Asambleístas, @TSJBolivia, @CIDH. Todos los demás procesos en mi contra son vanos e ilegales», finalizó.
A principios de mes, la expresidenta abandonó una audiencia virtual por el caso de una designación supuestamente ilegal en una empresa estatal durante su Gobierno y prescindió de la defensa de sus abogados en ese proceso en protesta porque se desconoció su mandato transitorio y se le negó un juicio de responsabilidades.
Añez está detenida desde marzo de 2021 en un penal en La Paz, acusada inicialmente por terrorismo, sedición y conspiración en el caso que se conoció como «golpe de Estado I».
Después se le abrió el proceso «golpe de Estado II» señalándola por los delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, por lo que un juez la condenó a 10 años de prisión por la forma en que se situó en línea de sucesión presidencial tras la renuncia de Morales y de las demás autoridades que le seguían.
Para el oficialismo, las protestas de 2019 fueron un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que para la oposición se debieron a un fraude electoral en los frustrados comicios de ese año.