La expresidenta interina Jeanine Áñez se acogió otra vez al silencio en un nuevo proceso penal por la vía ordinaria por la muerte de una decena de civiles en Sacaba, durante la crisis de 2019, y rechazó la competencia de fiscales y jueces que administran esas causas.
La declaración debía efectuarse este miércoles en el centro Penitenciario de Miraflores en La Paz, en donde está detenida desde marzo de 2021, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía por acusaciones de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
«Me abstengo de declarar», fue la respuesta de Áñez que consta en el acta, en la que también se apunta que los funcionarios que la investigan «no son competentes» para juzgarla y que le «corresponde un juicio de responsabilidades».
Nuevo proceso
En los datos del proceso se señala que, en noviembre de 2019, Áñez se «autoproclamó» presidenta y dictó un decreto supremo en el que liberaba de «responsabilidad penal» a los militares que participaron en las acciones de «restablecimiento del orden interno» en ese año.
En el caso de las muertes en Sacaba, ciudad vecina de Cochabamba, se menciona que los militares utilizaron «munición letal» en los enfrentamientos con grupos de civiles que derivaron en muertes, heridos y decenas de detenidos.
«La exmandataria se ha acogido al derecho al silencio (…) porque el año pasado también declaró por el mismo caso ante el fiscal general», dijo a los medios la abogada de la exmandataria Norka Cuéllar.
El caso Sacaba se desprende del proceso de Senkata, zona de la ciudad de El Alto en la que también un número similar de civiles murieron en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad» en 2019.
A principios de año, un juez de El Alto se declaró competente para administrar el caso Senkata a pesar de que ese proceso junto al de Sacaba residen en el Parlamento desde mediados de 2021, instancia que debe decidir si procede un juicio de responsabilidades.
En sus redes sociales Áñez dijo que el caso por las muertes en Sacaba busca ocultar el «fraude electoral de 2019» y exigió nuevamente un juicio de responsabilidades que aseguró es la «garantía» de un «debido proceso».
Los antecedentes
La exmandataria de transición afronta varios procesos por la crisis de 2019, entre ellos un caso por el que fue sentenciada a 10 años de prisión al situarse «indebidamente» en línea de sucesión constitucional después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales y varias altas autoridades.
El oficialismo sostiene que las protestas registradas en ese año se debieron a un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición asevera que se cometió un fraude electoral a favor del entonces presidente en las anuladas elecciones de 2019.
Además, Áñez afronta otros procesos penales por acciones durante su Gobierno como algunas decisiones administrativas que también se desarrollan por la vía ordinaria.
En varias audiencias y declaraciones, la exjefa de Estado interina se ha abstenido en declarar por considerar que los actos de los fiscales y jueces que administran los procesos en su contra «son nulos» y contrarios a las leyes.