La presidenta Jeanine Añez inauguró el «Año Judicial 2020» en instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emplazado en la histórica ciudad de Sucre, y urgió a los operadores de justicia recuperar la credibilidad y garantizar la independencia institucional del Órgano Judicial, que fue sometido 14 años por el Gobierno nacional, durante la administración del expresidente Evo Morales.
La jefa de Estado recordó que, para cuidar la democracia del país, el Poder Judicial debe actuar como pilar de la institucionalidad democrática y tiene la misión de administrar justicia para todos, sin excepciones.
«Los bolivianos necesitamos volver a creer en el Órgano Judicial y para eso debemos trabajar unidos, necesitamos garantizar la independencia de este órgano, debemos ajustar las normas para dar estabilidad e institucionalidad a los jueces», dijo durante su discurso.
Lamentó que esa instancia de relevante importancia para la vida democrática haya sido sometida a «actitudes de arrogancia, autoritarismo, intolerancia, y también incompetencia» en los últimos 14 años.
Dijo que la presión de los poderes y la ineficiente aplicación de la ley producen injusticia y recordó que uno de los principales obstáculos que la justicia del país ha enfrentado y que sigue haciéndolo es la inadmisible presión de los gobernantes.
«Cuando los sistemas institucionalizados del Poder Judicial funcionan deficientemente, no sólo ponen en riesgo la gobernabilidad, sino que afecta los derechos y libertades de las personas. Esa crisis de la justicia ha profundizado la violencia en contra de la mujer», ejemplificó.
En ese marco, la presidenta indicó que para garantizar la independencia de la institucionalidad del Órgano Judicial también se deben ajustar otros factores, como el económico, por lo que consideró que «el 0.38% del presupuesto (asignado) para la justicia es muy bajo».
«El Órgano Judicial necesita alrededor de 200 millones de dólares adicionales para la creación de nuevos juzgados y construcción de infraestructura y equipamiento y así de esta manera bajar los índices de retardación de justicia y carga procesal», consideró.
Aseguró que el actual Gobierno dará «prioridad a ese problema» y que en el primer reformulado del presupuesto se atenderá de manera progresiva ese requerimiento histórico de incremento de recursos.