La expresidenta transitoria Jeanine Áñez y dos de sus exministros cumplen este martes un mes de una detención que las exautoridades y sus familias consideran «ilegal» dentro de un proceso iniciado a instancias del oficialismo por la crisis de 2019.
Dalia Lima, la esposa del exministro interino de Energía Rodrigo Guzmán, explicó a Efe que el único cambio que hubo en la situación legal de las exautoridades fue la decisión judicial de aumentar de cuatro a seis meses su detención preventiva en cárceles de La Paz.
«Lo triste es ver que ellos (los administradores de Justicia) obedecen órdenes del Gobierno actual. Está dicho porque pruebas (para el proceso) no hay», lamentó.
Lima insistió en que en 2019 «no hubo golpe, hubo fraude», en alusión a que la salida de la Presidencia de Evo Morales y la crisis posterior fue por un presunto fraude electoral en las elecciones fallidas de ese año y no fue producto de un «golpe de Estado», como aseguran el Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
«Muchas esperanzas no tenemos, es lo más triste, ver cómo se maneja la justicia en nuestro país», agregó.
Jeanine Áñez fue aprehendida el pasado 13 de marzo en su región natal, la amazónica Beni, y luego fue llevada a La Paz en un avión militar y bajo un fuerte resguardo policial junto a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también detenidos.
Áñez y los miembros de su Gabinete son acusados de «sedición y terrorismo» durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que el actual Ejecutivo considera un «golpe de Estado».
Estas detenciones han causado tensiones internas entre el oficialismo y la oposición, además de pronunciamientos de organismos como Naciones Unidas que pidió que se respete el debido proceso, o la Organización de Estados Americanos (OEA) que abogó por la liberación de las exautoridades «hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades».
El oficialismo ha calificado de «injerencia» los pronunciamientos de la OEA y de países como Brasil, Estados Unidos y Chile sobre la situación jurídica de las exautoridades.
La situación anímica
La familia y defensa de la exmandataria transitoria pidieron su traslado a una clínica por los problemas de hipertensión que padece, lo que no se concretó pese a una decisión judicial en ese sentido.
Por contra, se dispuso el traslado de Áñez de una cárcel en el sur de La Paz a otra en el barrio de Miraflores alegando que allí se podría vigilar mejor su estado de salud, lo que se concretó el 20 de marzo de madrugada.
Una vez cumplida la cuarentena de 15 días requerida por el Régimen Penitenciario, se determinó que Áñez permanezca en el área de salud de la prisión, mientras que Coímbra y Guzmán, que se encuentran en la cárcel paceña de San Pedro, fueron movidos al área conocida como «La Posta», donde están los reclusos más adinerados.
El pasado 23 de marzo fue difundida una carta escrita a pulso por Áñez en la que denunció torturas y abusos desde que fue detenida, calificando además de «dictadura» al Gobierno de Arce, lo que fue rechazado por las autoridades.
Guzmán logró un permiso para salir provisionalmente de la cárcel para asistir a los funerales de su padre, fallecido la semana pasada.
Al respecto, su esposa comentó a Efe que el permiso fue solicitado antes de que falleciera para que pudiera verlo «cuando estaba mal de salud, pero por la burocracia no se dio y no pudo llegar a verlo con vida».
«Anímicamente (Guzmán) está muy mal porque desde su detención ilegal se fue y ya no lo pudo ver más a su papá», lamentó Lima.
La mujer lamentó la situación complicada en que se encuentra su familia, pues «toda la responsabilidad» de su hogar ha quedado sobre sus hombros.
«Tengo que lidiar con mis niñas que me preguntan dónde está su padre, no lo están viendo, piensan que se ha ido de viaje. Una tiene 4 y la otra 5 años», dijo.