La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia trasladó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por los impactos de un esquema de «asfixia financiera» por parte del Gobierno boliviano contra algunos medios «con línea editorial independiente».
Esta inquietud fue expresada en una reunión con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, que estos días acoge el 171 periodo de sesiones del organismo de la OEA.
Los representantes de la ANP, que agrupa a los principales medios impresos del país, explicaron a Lanza el impacto de políticas gubernamentales en las «frágiles finanzas de medios y el alto riesgo de cierre por la sistemática presión ejercida desde 2010», según un comunicado de la entidad boliviana.
«Los medios de información bolivianos, a diferencia de otros sectores, reciben un castigo a través de 13 leyes y decretos que despojan de ingresos por la difusión de campañas gubernamentales sin pago por el servicio», indica la nota institucional.
Según la ANP, desde 2010 el Gobierno de Evo Morales ha promulgado leyes y decretos que arrebatan entre el «30 y 40 por ciento de ingresos por concepto de publicidad», con pérdidas que también afectan a cientos de radios y canales de televisión privados.
Entre las normas que, según esta asociación, «confiscan recursos a los medios» está la Ley de Organizaciones Políticas, que obliga a ceder de forma gratuita y obligatoria espacios de difusión a diarios, radios y televisiones «en igual proporción a la que contrate el Órgano Electoral Plurinacional», dice el comunicado.
Además, Lanza escuchó los testimonios de directores de medios impresos sobre la exclusión de los diarios privados de la publicidad estatal, lo que, sumado a la difusión de avisos gratuitos, supone un «golpe de doble impacto» a las finanzas de los medios.
La ANP ha denunciado varias veces esta «asfixia financiera» del Gobierno a través del citado marco jurídico, la «persecución tributaria» y la exclusión de la publicidad estatal.
Estos aspectos «amenazan a la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa» y de las empresas periodísticas al suponer una «sustancial reducción de ingresos», concluye la nota.