La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve regionales del sector pidieron al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, suspender los procesos penales iniciados contra cinco informadores que trabajaron en el canal estatal durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez.
La ANPB y las asociaciones de periodistas de los nueve departamentos difundieron este miércoles una carta enviada a Lanchipa en la cual advierten sobre la «imputación violatoria de estándares internacionales de derechos humanos» y le demandan que «dé las órdenes necesarias para suspender estos procesos penales».
En la nota, las asociaciones manifiestan a Lanchipa su sorpresa por las imputaciones contra cinco periodistas, comunicadores y comentaristas por los supuestos delitos de «incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica» mientras trabajaron en Bolivia TV (BTV) entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
Los gremios cuestionan que los fiscales José Alberto Rodríguez y Junior Flores «penalizan el periodismo y a los periodistas porque sus imputaciones usan como excusa supuestos errores administrativos para castigar penalmente» a quienes ejercieron «su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la información en un medio estatal».
También consideran que los fiscales «incumplen su función de promover justicia porque persiguen» a los periodistas imputados «por sus opiniones (contrarias a un determinado régimen) más que por sus acciones».
«Ignoran que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige en su párrafo 1 que el Estado proteja el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones», indica la nota.
Además recuerda que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aconseja la aplicación del principio de «proporcionalidad» en casos como estos por el «carácter fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática» y que las responsabilidades que se impongan deben ser, «en lo posible» civiles y no penales para no «desincentivar» la libertad de expresión.
«Si la intención no fuera castigar el pensamiento de los periodistas más que las acciones, la Fiscalía habría rechazado la denuncia para que los denunciantes procedan como debe ser en el área administrativa y demuestren con pruebas las faltas cometidas por los periodistas hasta recuperar el monto total del dinero público que, según la gerencia de BTV, no debió ser cobrado por las personas denunciadas», añade la carta.
Cuando se conoció sobre la primera imputación a dos extrabajadores del canal estatal, las asociaciones de periodistas alertaron sobre el «acoso judicial» contra los informadores activado por la Fiscalía, lo que también mereció un pronunciamiento de organismos como Human Rights Watch (HRW).