En muchas oportunidades tanto los medios de comunicación como instituciones y especialistas, han advertido sobre la necesidad de la prevención. La detección temprana de conflictos, en un país como el nuestro, con alto índice de tensiones sociales y políticas, debería ser tarea cotidiana y permanente, de manera que oportunamente se puedan encontrar soluciones, desactivar posibles hechos de violencia y, fundamentalmente, contribuir a una mejor relación entre el Estado, sus instituciones y la comunidad. Más aun cuando se sale de una crisis política y social como la que vivió Bolivia, dejando secuelas de alto contenido inflamable que pueden eclosionar en cualquier momento.
A ello se suman las amenazas que surgen desde las fuerzas políticas desplazadas que cuentan presuntamente con aliados del más peligroso calibre como son grupos de guerrilleros y terroristas extranjeros que están operando en el país de acuerdo a versiones oficiales que dan cuenta de la captura de miembros de las FARC y de otras agrupaciones violentas. Mayor razón para actuar con oportunidad y desactivar potenciales situaciones de riesgo. Algunos organismos internacionales apoyaron un proyecto que permita preparar al Estado para prevenir eventuales situaciones que pudiesen derivar en intranquilidad y violencia.
Antes, a fines del siglo pasado y los primeros años del Siglo XXI los partidos políticos de la época también perdieron el norte, utilizaron el poder para sus propios fines, distorsionaron la democracia y el respeto a la legalidad. Perdieron legitimidad y el pueblo los marginó.
Generalmente los gobiernos sobrestiman su capacidad para controlar las situaciones, y el resultado se lo puede ver cuando ya es tarde. El estado de apronte del ala dura del MAS, las amenazas desde fuera de las fronteras, la intromisión extranjera, la mayoría masista en la Asamblea Legislativa, y el poder del narcotráfico no deberían ser menospreciados. Evidentemente, anticiparse a los conflictos no es una tarea sencilla, debido a que encierra una gama de elementos que tienen que ver con un tratamiento ético que haga posible, sin afectar las libertades y derechos ciudadanos, obtener información confiable, fidedigna, certera y oportuna que contribuya, fundamentalmente a un conocimiento cabal de los hechos que pueda guiar hacia soluciones aceptables.
La mayor parte de los hechos políticos, sociales, históricos, culturales y económicos que han desembocado en situaciones de violencia, probablemente pudieron evitarse, pues los factores que han concurrido a su desenlace, generalmente han sido previsibles. Las razones por las que no se presta atención oportuna son múltiples, pero todas tienen un común denominador que es la reacción tardía y la distorsión del objetivo central que es buscar soluciones oportunas en armonía. Es necesario que las autoridades, para adoptar decisiones, conozcan qué quieren los ciudadanos, cuáles son sus inquietudes, necesidades y aquello que les disgusta.