La Educación junto a la salud son funciones esenciales y prioritarias del Estado, por mandato de la Constitución Política.
Hasta el presente no se cumple este principio que debiera figurar entre las principales preocupaciones de los servidores públicos. Bolivia, a duras penas, está intentado salir de una de las peores pandemias de la historia nacional y mundial, los expertos llaman a este período como la «desescalada», porque comenzaron a bajar los contagios, pero advierten que puede producirse una segunda ola si las medidas de bioseguridad se desatienden.
Sin tomar en cuenta esta realidad, el ministro de Educación Adrián Quelca -que al parecer no quiso atender las informaciones del ministerio de salud sobre el rebrote del coronavirus- anunció que las clases semipresenciales «comenzarán a principios de febrero en todo el país».
Es una decisión equivocada, políticamente manejada y atentatoria a la educación, a la salud de la niñez, de la juventud y de la población en general. El ministro dijo que se ha diseñado una propuesta base para consensuar con diferentes actores de la educación el inicio de las actividades escolares el 2021, bajo la modalidad semipresencial. Explicó que «la principal variante» es que los estudiantes y maestros asistan a los centros de educación de forma coordinada y por grupos y que «lo fundamental es el retorno al contacto necesario que debe existir entre nuestros estudiantes y nuestros maestros»…
En realidad, lo primero que debió hacer el ministro es pedir un informe de riesgos y opciones de bioseguridad al Ministerio de Salud y a los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) de todo el país, de manera que se puedan evaluar las posibilidades reales.
Hay un informe sobre las deficiencias en recursos tecnológicos que dificultan poder garantizar una educación virtual para todos en condiciones de igualdad. Pero no parece preocupar a los actuales encargados de educación que, en plena pandemia, desde la oposición, negaron la existencia del coronavirus.
La decisión unilateral anunciada por el citado ministro de educación, con seguridad tendrá respuesta de los niveles académicos, escolares y de salud pública que conocen la realidad.
Los expertos en salud han recomendado algunas medidas estructurales imprescindibles, como el aumento del presupuesto de salud a por lo menos un diez por ciento del Presupuesto General del Estado, modernizar el sistema de telecomunicaciones de manera que sea accesible a todos en el país, abaratar los costos de internet y de acceso a equipos para que todos los estudiantes puedan servirse de los avances de la tecnología, pero en lugar de ello, los nuevos servidores públicos de educación asumen funciones para fortalecer el modelo educativo socio comunitario productivo, iniciado en el anterior gobierno del MAS. Recordemos que el magisterio nacional manifestó que «la reforma educativa del MAS representa un retroceso en calidad académica y un paso irresponsable dirigido a politizar la educación». Con esa idea, es comprensible que no se preocupen de la salud ni de la calidad de la educación, sino de sus objetivos de adoctrinar.
A propósito de esta situación, el responsable de Vigilancia Epidemiológica del SEDES de Cochabamba, Rubén Castillo, aseguró que el inicio de clases semipresenciales «está sujeto a una evaluación epidemiológica». Alertó del riesgo de un rebrote del coronavirus y que se tiene que evaluar «en qué nivel de transmisión nos encontramos para dar la recomendación necesaria». Castillo advirtió «que la reanudación de actividades escolares semipresenciales puede provocar aglomeraciones que conlleven la transmisión del virus». Explicó que los niños no logran cuidarse a sí mismos, alertó del riesgo que significan las aglomeraciones, y eso es lo que puede ocasionar que haya o no clases presenciales o semipresenciales. Recomendó que las decisiones gubernamentales se adopten tomando en cuenta el comportamiento de la enfermedad y las notificaciones de casos.
El hecho es que no se han tomado en cuenta los factores principales para un cambio en la educación acorde a la nueva realidad que impone la pandemia.
Tanto la ONU como la OMS han ofrecido amplias explicaciones y estudios para el retorno a la normalidad que implica profundos cambios, pero en Bolivia, en la actualidad, pesa más las necesidades del momento, que generan desorientación y precipitaciones, a tal extremo que muchos padres de familia, en lugar de exigir mejor educación, medios tecnológicos, acceso general gratuito al internet y a las nuevas tecnologías, se aglomeran en protestas, muchas de ellas violentas, para distribuirse lo que queda de los recursos del desayuno escolar, de la «canasta familiar».
Triste situación, lamentable para los estudiantes que anuncian paros de protesta en alianza con padres de familia y universitarios.