La fiscal Faridy Arnez ordenó ayer la aprehensión del diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Gómez, por su participación en presuntos hechos de corrupción registrados en la Alcaldía de Quillacollo, Cochabamba, que fueron denunciados por medio de varios audios de llamadas telefónicas, informó su abogado, Pabel Pasquier.
El legislador oficialista se presentó la mañana de ayer a declarar, junto a sus abogados, ante la fiscalía de Cochabamba y fue aprehendido en virtud de la orden que había en su contra desde el 29 de julio.
«Está aprehendido, pero no podemos decir nada más», aseveró Arnes, al recordar que la investigación del caso fue declarada en reserva por el Ministerio Público.
En enero pasado, el testigo y dueño del celular y audios del caso, el exsecretario general municipal Jesús Saldivar, admitió que se beneficiaba con el 1% de cobros por coimas, extorsiones y diezmos que presuntamente se realizaba a las empresas contratistas de la Alcaldía de Quillacollo y que eran perpetrados por al menos diez sindicados, entre ellos autoridades municipales.
La decisión judicial fue tomada luego de que el legislador declarara por casi diez horas ante la fiscal del caso.
Gómez quedó aprehendido y, enmanillado, fue llevado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, ubicado en inmediaciones de la laguna Alalay de la ciudad de Cochabamba, mientras se espera su audiencia de medidas cautelares.
Antes de su ingreso, Gómez se declaró inocente y dijo que quien debería estar encarcelado es el denunciante y proveedor de los audios que son base de la investigación.
«Debería estar quien es el verdadero corrupto, el confeso César. El Saldivar debería estar ahorita en las rejas porque es el hombre que verdaderamente ha hecho», manifestó.
Asimismo, “pueden ser audios montados, estamos en reserva, no se puede adelantar nada para no entorpecer, la justicia y autoridades dirán de dónde vienen esos audios, el caso está en reserva», declaró Gómez.
El Ministerio Público investiga a 10 autoridades, exautoridades, funcionarios, exfuncionarios y empresarios por el caso audios, en el que está implicado Gómez.
El lunes la Fiscalía instruyó la aprehensión de Gómez (diputado), Eduardo Mérida (alcalde suspendido), Israel Aleluya (cobrador de coimas y contratista), Osman Ponce (jefe de Personal de Salud), Henry Crespo (jefe de Transportes), Noé Baspineiro (director de Educación gestión de Mérida), Nedenka Mercado (secretaria de Grover Corrales exsecretario general), Florens Amado (exsecretario Finanzas gestión de Jayta), Gerson Escalera (jefe de Personal gestión de Jayta) y Ronald Carvallo (empresario).
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó horas antes que la Asamblea Legislativa Plurinacional colaborará «con todo lo necesario con el esclarecimiento de este tema».
«Ustedes saben que nuestra política, ya no como Asamblea sino como partido, consiste en que, si alguien tiene, cualquier candidato o cualquier funcionario público, más aún si uno es asambleísta, una acusación formal de parte de la Fiscalía, su obligación es pedir licencia y defenderse en el llano como un ciudadano de a pie», remarcó.
Agregó que si resulta que es inocente «regresará con paso de parada y si resulta que es culpable tendrá que asumir las consecuencias».