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martes, diciembre 6, 2022
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Aprehenden y remiten a la justicia a cuatro implicados en caso Anapol

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz aprehendió a cuatro implicados en cobros irregulares en las pruebas de ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y la Fiscalía los remitió a la justicia ordinaria, informó ayer el fiscal Miguel Aramayo.

«En el marco de la investigación, en la requisa de viviendas de dos de cuatro aprehendidos por la FELCC y el Ministerio Público, se encontró exámenes corregidos y aprobados de los postulantes a la Anapol», indicó.

Los cuatro nuevos aprehendidos fueron identificados como Cristian Antonio C.V., Alenkar Fabricio N.R., David H.M. y Luis Fernando D.J.

Esas personas, agregó Aramayo, son trabajadores de las empresas contratadas para la elaboración de exámenes de admisión al primer instituto de formación profesional de la Policía.

Los aprehendidos fueron imputados por los presuntos delitos de corrupción pública, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y otros.

El fiscal asignado al caso aseguró que las pesquisas siguen para llegar a la verdad histórica del caso y la desarticulación de la organización criminal denunciado por la Policía y el Ministerio de Gobierno.

Por ese mismo caso, el viernes por la noche, la juez Anticorrupción, Claudia Castro, dispuso la detención preventiva de la médico Fanny M. en el penal de mujeres de Obrajes y el oficial Freddy T. al centro penitenciario de San Pedro.

En el domicilio de la mujer se encontró 211.000 bolivianos y 2.500 dólares que presuntamente cobraron a ocho víctimas.

En la vivienda del oficial, en la zona 16 de Julio de El Alto, los investigadores encontraron no solamente documentos sino a 17 postulantes a la Anapol.

Red delictiva

La Policía Boliviana busca las «ramificaciones» de una red de corrupción, conformada por uniformados y civiles, que trucaba exámenes de admisión a la Academia Nacional de Policías (Anapol), tras la detención de seis de sus miembros, se informó.

En declaraciones a Efe, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Jhonny Aguilera, aseguró que son «seis aprehendidos por el momento» entre los que figuran una abogada, un teniente de policía y los responsables de empresas encargadas de la elaboración de los exámenes de admisión al instituto policial.

Aguilera acotó además que la Fiscalía «ha dispuesto la aprehensión de cuatro personas» que se suman a las dos primeras y que pertenecen a las entidades encargadas del diseño las pruebas de suficiencia para el ingreso a la Anapol.

El jefe policial explicó que Fanny M.O. conformaba el comité de evaluación a los postulantes a policías y que tenía nexos con las dos empresas que elaboraron las pruebas médicas, de conocimiento y rendimiento físico.

Aguilera indicó que la abogada ofrecía «servicios» para la aprobación de los exámenes «en las mismas filas» donde los aspirantes y sus familiares solían hacer para recabar los requisitos de postulación a la entidad.

También dijo que en un operativo la Policía encontró en la casa de la principal investigada además de 32.000 dólares en efectivo, «listas con códigos» y «certificados firmados en blanco», también confiscó un vehículo del año «que ha sido obtenido con los dineros ilícitos».

En tanto que otro operativo, esta vez en el domicilio del teniente Freddy T.H., se encontraron a dieciséis jóvenes revisando por adelantado los exámenes de admisión a la Policía.

Además, se pudo establecer que los cobros de dinero se hacían en «dos modalidades», examen por examen y otra en total, que concluía con el nombre del postulante en una lista final de aprobados que realmente no le correspondía, manifestó Aguilera.

El hecho tomó repercusión nacional al extremo de que el presidente boliviano, Evo Morales, anunció el viernes la anulación del proceso de admisión al instituto policial después de valorar que al menos 255 pruebas fueron suplantadas.

Las autoridades bolivianas continúan investigando los posibles nexos de la red de corrupción mientras queda pendiente una nueva convocatoria de admisión para nuevos oficiales policiales, que se prevé sea supervisada por el Ministerio de Gobierno y la Defensoría del Pueblo.

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