El presidente Luis Arce anunció este martes medidas como una estructura que concentre los servicios de atención a las víctimas de violencia machista y un plan de vivienda para ellas, ante centenares de mujeres afines a su Gobierno que marcharon previamente en La Paz.
Los anuncios se hicieron en un evento oficial en la céntrica plaza Murillo de La Paz el lugar donde concluyó una caminata iniciada en la vecina ciudad de El Alto con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La movilización previa al evento fue convocada por la Confederación de Mujeres Campesinas «Bartolina Sisa» y tuvo eco en la Alianza de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, que agrupa a sindicatos y organizaciones sociales afines al Ejecutivo boliviano, y algunas facciones femeninas del partido oficialista.
«Ni una menos. Alto a la violencia», «No más violencia contra las mujeres», «Mi miedo se volvió fuerza» y «No aparecemos muertas, nos matan», rezaban algunas pancartas exhibidas por las participantes, entre las que hubo mujeres campesinas, mineras, indígenas, médicas, estudiantes y funcionarias.
Las dirigentes campesinas habían invitado a Arce y al vicepresidente del país, David Choquehuanca, a marchar con ellas, aunque finalmente los mandatarios se les unieron en el evento en la plaza Murillo.
Datos lamentables
«Hoy no es un día de festejo, es un día de lucha, memoria y resistencia de las mujeres a nivel internacional», sostuvo Arce al recordar que la muerte de más de 140 mujeres trabajadoras en un incendio en la fábrica textil Cotton de Nueva York en 1908 dio origen al Día Internacional de la Mujer.
El gobernante repasó algunas normas aprobadas durante las anteriores gestiones de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), entre ellas las que castigan la violencia machista y el acoso y la violencia política, además de otras políticas como un bono social para mujeres gestantes.
También destacó que el país se encuentra «entre los primeros del mundo» en equidad de género en el ámbito político, pero reconoció que «lamentablemente la violencia patriarcal sigue cobrando víctimas todos los días».
Arce señaló que el delito con mayor incidencia en el país es la violencia familiar y mencionó las «alarmantes» cifras de feminicidios en Bolivia, donde en 2021 hubo 108 casos y en lo que va de año ya van más de 15.
El mandatario recordó que su Gobierno declaró el 2022 como el «Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres».
También resaltó el trabajo de la comisión creada recientemente para revisar los casos de violaciones y feminicidios en que los sentenciados fueron liberados y que está permitiendo recapturar a varias de estas personas.
Promesas gubernamentales
Uno de los anuncios del mandatario fue la construcción de estructuras para la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), la unidad policial encargada de atender estos sucesos.
La novedad será que en estas FELCV Integrales, como las ha llamado el Gobierno, se concentrarán los servicios de atención a las víctimas de violencia, desde las unidades que reciban las denuncias, atención psicológica, médica y social, hasta dar albergue a estas mujeres y poder seguir el avance de los procesos judiciales correspondientes.
También anunció un programa de vivienda para «jefas del hogar y víctimas de violencia» y un sello especial para certificar a las empresas públicas y privadas que cumplan con estándares de prevención de la violencia.
En los planes del Gobierno también están un programa para fortalecer unidades productivas lideradas por mujeres y otro de empleos en construcción para privilegiar en obras estatales a las empresas que cuenten en sus planillas con el 50 % o más de mujeres.
A su turno, la dirigente campesina Flora Aguilar entregó a Arce tres propuestas de leyes para proteger a las mujeres de la violencia, entre ellas, una que amplía penas y sanciones para feminicidas, infanticidas y violadores.
En las últimas semanas hubo diversas manifestaciones de mujeres contra la corrupción en el sistema judicial tras conocerse mediante un caso sonado que muchos feminicidas sentenciados han sido liberados dejaron a la Justicia boliviana en la mira y motivaron a que el Gobierno creara esa nueva comisión para revisar estos casos.
En la víspera, centenares de mujeres se movilizaron hacia los juzgados en La Paz para exponer a acusados o sentenciados por violencia contra las mujeres y protestar contra impunidad en estos sucesos.