El presidente Luis Arce dijo este viernes estar seguro del apoyo de indígenas y mineros «guerreros» para defender su gestión gubernamental de los intentos «golpistas» de los comités cívicos, entes que junto a otros sectores exigen la anulación de una polémica ley.
«Podemos contar con todo nuestro ejército de ayllus guerreros, podemos contar con nuestro ejército de mineros para defender la democracia», dijo el jefe de Estado en Llallagua, una población en el norte del departamento de Potosí.
Arce insistió ante una nutrida concentración de seguidores que el «único requisito es la unidad», algo que consideró hará que sus opositores «tiemblen» y «tengan miedo» pues está seguro de que esos grupos «van a salir a defender a su Gobierno».
Los «ayllus guerreros» son comunidades indígenas altiplánicas predominantemente quechuas o aimaras caracterizadas por la defensa de sus territorios al extremo de la muerte y que tienen antecedentes en conflictos tribales que duraron más de 180 años y que en las décadas de 1970, 1980 y 1990 dejaron al menos 500 muertos.
Un proceso de pacificación que finalizó en 2014 dejó las pugnas de vieja data en las que hubo hombres, mujeres y niños fallecidos de los bloques en disputa.
Durante la crisis de 2019, algunos dirigentes de los «ayllus guerreros» amenazaron con «desempolvar sus fusiles» como muestra de defensa al Gobierno del entonces presidente Evo Morales.
Arce se presentó esta jornada en esa localidad rural del departamento de Potosí luego de que el pasado miércoles sectores aglutinados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) declararan al mandatario «persona no grata» e impidieran su presencia en los festejos que finalmente se suspendieron.
«Todos saben que el comité cívico participó en el golpe de Estado del 2019», recriminó Arce en un acalorado discurso en el que acusó a la derecha de mentir para generar descontento con algunas de las leyes que se aprobaron en el Parlamento con la mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
«Esta derecha la tenemos otra vez al frente, como sucedió el 2019 (…) debemos estar organizados y en afronte para defender nuestro proceso de cambio», insistió Arce.
El oficialismo en el país ha convocado únicamente a algunos sectores para atender sus observaciones a la cuestionada ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
Mientras que otros sectores como el transporte pesado o mineros cooperativistas afirmaron que no han recibido invitaciones para el encuentro previsto este sábado en Cochabamba.
Desde el MAS se ha descartado un acercamiento con los movimientos cívicos departamentales que también impulsan la demanda de anulación de la norma al considerar que su intención real es «tumbar» al Gobierno nacional.
«Hemos mandado una carta al Gobierno nacional pidiéndole que baje los decibeles (de sus declaraciones) y que nos sentemos en la mesa de negociación; que no hay aquí ningún intento golpista», declaró a los medios el alcalde de La Paz, el opositor Iván Arias.
Bolivia atraviesa por una persistente polarización política desde la crisis de 2019, en la que, a juicio del Gobierno, hubo un «golpe de Estado» y que ha relacionado a las actuales protestas con grupos políticos que buscan la «impunidad» por esos sucesos.