La falta de impulso de una reforma judicial en Bolivia, acusaciones «desproporcionadas» en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez, uso excesivo de la prisión preventiva, y la violencia contra las mujeres son algunos puntos que cuestiona Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este jueves.
En el capítulo sobre el país andino, HRW señala que el «sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los Gobiernos» de Evo Morales (2006-2019) y de Jeanine Áñez (2019-2020), mientras que el actual Ejecutivo de Luis Arce no ha impulsado una reforma judicial.
«Tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su Gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo», se indica en el documento.
HRW recordó el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, en el que expresó que «la injerencia externa en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data» y que hasta febrero del año pasado casi el 50 % y el 70 % de jueces y fiscales, respectivamente, permanecían transitorios.
«Los funcionarios que carecen de estabilidad en el cargo pueden ser vulnerables a represalias, incluido el despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder», señala la organización internacional defensora de derechos humanos.
Por otro lado, hace referencia a la detención y proceso contra Áñez, quien está en una cárcel desde marzo de 2021, sobre la que «concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio eran infundados y manifiestamente desproporcionados» y su definición «excesivamente amplia».
Agregó que «no se permitió que Áñez asistiera en persona a su propio juicio», lo que impidió que la exmandataria interina y su defensa «mantuvieran consultas durante las audiencias» cuando le dieron 10 años de reclusión por el caso denominado «golpe de Estado II», acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El informe también critica que el Gobierno indicó que ya no se iba a mostrar a personas detenidas ante los medios, pero que el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, «siguió publicando fotos de personas detenidas en las redes sociales».
Además, recordó que el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en 2021 en el que indicaba que hubo 37 muertes en el contexto de las protestas por la crisis política y social de 2019.
«Nadie ha sido juzgado por los 37 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas por las elecciones de 2019, incluidas 20 personas que murieron en dos masacres cuando, según lo señalaron testigos, fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes», indica el documento.
Asimismo, el informe hace referencia a las denuncias de la Asociación Nacional de la Prensa sobre «varios casos de violencia contra periodistas por parte de policías o manifestantes en 2022».
También manifiesta que las cárceles en el país «albergan a dos veces y media más detenidos de los que permite su capacidad y que la población carcelaria creció en un 12 % entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, ascendiendo a 20.864 personas recluidas y que aún se hace el uso excesivo de la detención preventiva, ya que el 71 % de mujeres reclusas y el 65 % de hombres están a la espera de su juicio».
El informe hace énfasis en que las mujeres y niñas en el país «siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia» a pesar de las leyes que protegen de la violencia machista.
De igual manera recalca que Bolivia se opuso, de forma sistemática, al monitoreo de la situación de derechos en ciertos países» y señala que en la ONU «se abstuvo o votó en contra de múltiples resoluciones que condenaban las violaciones de derechos cometidas por Rusia en Ucrania».