El presidente Luis Arce designó este lunes una autoridad interina para la Contraloría General del Estado que estará en funciones hasta que el Parlamento concluya el proceso para elegir a un titular para esa institución.
En un acto en la casa de Gobierno, Arce tomó juramento a Nora Mamani Cabrera como contralora general interina en reemplazo de Henry Ara, quien dirigió la Contraloría desde 2016 y cuya gestión concluyó el pasado 1 de julio.
«Hoy asumimos la responsabilidad de designar al contralor general del Estado interino en tanto nuestra Asamblea Legislativa cumpla el mandato constitucional y designe al contralor titular», afirmó.
El mandatario justificó el nombramiento «frente al riesgo de que el órgano rector del control gubernamental del Estado suspenda sus funciones» y aseguró que de esta forma se precautela «el interés nacional» y se garantiza el servicio que presta esa entidad.
Arce exhortó al Parlamento y «en especial a la bancada de oposición, a cumplir su rol constitucional» para elegir al nuevo contralor titular.
El Legislativo inició el pasado 24 de junio el proceso de postulaciones, aunque hasta el momento no ha recibido ni un candidato, según información difundida en esta jornada por el Senado en Twitter.
La fase de recepción de postulaciones concluye este 8 de julio.
El contralor general es un alto funcionario que tiene la misión de vigilar y auditar las inversiones y los gastos de las diversas instancias del Estado.
La Constitución vigente desde 2009 acortó la gestión del contralor, de diez a seis años, y estableció que tras cumplir su gestión, la autoridad designada no podrá volver a postular.
La norma también establece que el contralor será designado por dos tercios de votos del Legislativo.
El Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría en el Parlamento, pero no los dos tercios.
Antes de Ara, estuvo en el cargo durante siete años y de forma interina Gabriel Herbas, quien dejó su rol como diputado del MAS para ser contralor.
El reglamento para elegir al nuevo titular de la Contraloría fue aprobado por el MAS, con críticas de parte de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que advirtieron que no darán su apoyo para la designación, como ha ocurrido con otro proceso similar e igualmente observado para la Defensoría del Pueblo.
La oposición acusa al oficialismo de intentar colocar en estos puestos de designación parlamentaria a gente afín para controlar las instituciones públicas, mientras que el MAS señala a sus detractores de impedir el nombramiento de nuevas autoridades titulares.