El ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo ayer que la sentencia dictada contra el médico Jhiery Fernández, en el caso del bebé Alexander, carece de fundamento y sugirió que debe investigarse a los tres jueces que formaron el Tribunal Décimo de Sentencia que dictó 20 años de cárcel para el galeno.
«No existe una fundamentación, una explicación coherente como debe ser en un caso de semejante naturaleza. He recibido bastante información y la sentencia es absolutamente carente de fundamentos», indicó.
Un audio que circuló en los medios de comunicación, en el que se escucha a la juez Patricia Pacajes, relatar cómo se abordó el caso del galeno y que este es inocente, pues no hubo violación al bebé, puso nuevamente el caso en la mesa del debate.
Arce manifestó que la falta de sustento de la sentencia en ese proceso y otros demuestra la «mala calidad de la administración de nuestra justicia».
Indicó que existe una apelación pendiente y que cualquier atropello o injusticia que se haya cometido en el caso debe ser resuelto por el Tribunal de Alzada, además que si el juicio fue llevado con vacíos existe la posibilidad de realizar un nuevo proceso denominado de «reenvío».
El Ministro de Justicia informó que ayer se reunió con expertos en derecho penal y se formó una comisión para revisar el expediente de Fernández como también los términos de la condena.
Hizo notar que Pacajes no dictó sola el fallo, pues el tribunal estuvo compuesto por dos jueces más: Roberto Mérida y Gladys Guerrero.
«Sabemos que la juez (Pacajes) se encuentra suspendida y obviamente es de lamentar y preocupante que no dé la cara y no se presente a su investigación como debe ser al interior del Consejo de la Magistratura y también en el Ministerio Público», mencionó.
Aseveró que las autoridades jurisdiccionales están llamadas a definir el futuro de Fernández, de quien se pide su liberación, y no así a él como miembro del Ejecutivo.
Agregó que hubiera sido bueno escuchar a la madre del médico, así como conversar con los colegios de abogados, profesionales y el Defensor del Pueblo.