La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) pidió que la expresidenta transitoria del país Jeanine Áñez se defienda en libertad en los numerosos procesos iniciados en su contra por el oficialismo, al igual que otros detenidos que «sufren persecución política» actualmente.
Este pedido se encuentra en una carta enviada por la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y que fue difundida en las redes sociales de la exmandataria interina.
En la nota, Carvajal pide a Lanchipa que vea «su responsabilidad histórica por el momento que está viviendo Bolivia y su actuación ecuánime y justa sea inmediata, dando la posibilidad de que la señora Jeanine Áñez y todos los otros detenidos que sufren persecución política» en el país «puedan defenderse en libertad».
Carvajal, de 82 años, adjuntó en su carta un «listado de delitos de la gestión» del expresidente Evo Morales, entre los que mencionó «denuncias de violación a los derechos humanos» en dos marchas de indígenas contrarios a una carretera en el centro del país y otras vulneraciones contra personas con discapacidad que reclamaban un bono.
Estas denuncias y otras han llegado a la Casa de los Derechos Humanos «con la expectativa e ilusión de que la justicia sea igual y correcta para todo el pueblo boliviano», agrega la nota.
Carvajal es una reconocida activista española por los derechos humanos que radica en Bolivia desde hace medio siglo e hizo frente a las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 en este país.
Áñez está detenida preventivamente desde marzo en una cárcel de mujeres en La Paz por el caso denominado «golpe de Estado» basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
También están encarcelados dos de sus exministros y varios exjefes militares y policiales.
El oficialismo sostiene que la salida de Morales del poder fue un «golpe de Estado», mientras que sus detractores aseguran que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude electoral a su favor en los comicios generales de 2019, posteriormente anulados.
La Justicia ha ampliado en dos ocasiones la detención preventiva de la exmandataria, que deberá permanecer en prisión por al menos un año.
El estado de salud de Áñez ha vuelto a generar polémica después de recientes salidas a revisión médica en un hospital público en las que se la vio demacrada y tuvo que emplear una silla de ruedas.
La familia y la defensa de Áñez lamentaron que se impidiera su traslado a una clínica privada para unos análisis especializados que el Gobierno asegura que se le practicaron en el hospital público, aunque sin permitir que sus hijos o abogados estuvieran presentes.
La exmandataria padece de hipertensión arterial sistémica y síndrome ansioso depresivo que, según las autoridades, pueden tratarse en prisión, mientras que su familia reclama que sea ingresada en un hospital.