Un enfrentamiento verbal entre sandinistas y opositores en una marcha en Managua y el ataque a otra manifestación en un municipio de Nicaragua marcó ayer la nueva jornada de crisis que atraviesa este país centroamericano desde abril pasado y que ha dejado centenares de muertos.
Un grupo de sandinistas se hicieron presentes este domingo en el punto de partida de una manifestación que los opositores autoconvocados programaron para pedir la libertad de los presos políticos nicaragüenses, dando lugar a momentos de tensión entre insultos y amenazas.
«Que no haya un muerto más, por favor. Queremos la paz. Ustedes son nuestros hermanos», clamó unos de los manifestantes autoconvocados a los sandinistas, quienes se encontraban escoltados por decenas de agentes de la Policía Nacional, según constató Efe.
Por su parte, los sandinistas rehusaron explicar a la prensa por qué estaban en el lugar que los autoconvocados habían elegido para arrancar la protesta y se negaron a hablar ante los micrófonos para brindar su versión o su opinión respecto a la actual situación de Nicaragua.
A través de medios oficiales, afirmaron que los sandinistas realizaron una caravana de vehículos en Managua y otras ciudades del interior del país para exigir justicia para las «198 víctimas del terrorismo golpista», termino que usa el Ejecutivo al referirse a quienes se manifiestan contra el Gobierno desde abril pasado.
En la denominada «Gran marcha de los globos» blancos y azules, los autoconvocados clamaron por la liberación inmediata de los que, según los opositores, son «presos políticos» detenidos por mostrar su desacuerdo con el Gobierno.
«El objetivo de esta marcha es exigir la libertad inmediata de todas las personas que se encuentran en prisión tras haber participado en plantones, marchas, caravanas, tranques (bloqueo de vías) y otras manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega», explicó Mercedes Dávila, madre del estudiante detenido Edwin Carcache, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia.
«Los detenidos, entre ellas mi hija, están presos por luchar por Nicaragua y estamos demandando su libertad», dijo Carlos Valle, un veterano opositor y padre de la estudiante Elsa Valle, acusada por la Fiscalía por los delitos de uso ilegal de armas de fuego, entre otros.
«Su cuerpo está encarcelado, pero su espíritu está en las calles», agregó.
Organismos humanitarios calculan al menos 135 detenidos en el marco de las protestas, pero que pueden ser entre 400 y 500 si se incluye a personas desaparecidas.
Entre los «reos políticos» más conocidos están el campesino Medardo Mairena, los negros Brandon Lovo y Glen Slate, el líder rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, y los dirigentes universitarios Edwin Carcache, Byron Corea, Christopher Nairobi Olivas y Elsa Vale.
En una entrevista con Efe en Managua, el presidente Ortega negó que en el país haya presos políticos y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.
Mientras en el municipio de Jalapa, otra marcha para demandar la liberación de los detenidos fue disuelta a balazos tras ser atacada por presuntos simpatizantes sandinistas, según denunciaron sus organizadores.
La manifestación, convocada por los Autoconvocados del municipio de Jalapa (norte), fue atacada por seguidores del Gobierno minutos después de haber iniciado una caravana, según informó el Movimiento «Azul y Blanco» de esa ciudad.
De acuerdo con la información, la marcha había avanzado 600 metros cuando civiles encapuchados, a bordo de camionetas y con banderas del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), comenzaron a tirar piedras y luego balas en dirección de los manifestantes, que huyeron despavoridos, según imágenes publicadas en las redes sociales.
Los organizadores no reportaron ningún herido, mientras que las autoridades aún no se han referido a ese incidente.
Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y más de 400 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Las manifestaciones contra Ortega comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.