Asociaciones de periodistas se declararon en emergencia por un proyecto de ley que dicen vulnera la Constitución y «coarta la libertad de prensa», mientras el Gobierno de Luis Arce señaló este jueves que es «respetuoso de los derechos humanos».
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emitió un comunicado declarándose en emergencia y denunció que el proyecto de ley es otro intento de «imponer» con la «intención de coartar la libertad de prensa y amedrentar a los periodistas», ya que «no pueden ser juzgados en tribunales ordinarios, sino por tribunales de imprenta».
«No es la primera vez que el Movimiento al Socialismo (MAS) pone de manifiesto sus pretensiones autoritarias con las que pretende silenciar el trabajo de la prensa, por lo que declaramos estado de emergencia a nivel nacional», señaló.
Además, la ANPB anunció que activaron «todas las instancias internacionales para denunciar la intención del Gobierno de coartar la libertad de expresión y libertad de prensa» y para pedir garantías para el ejercicio de la libertad de prensa.
En tanto la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), explicó en un comunicado que con el «artículo «mordaza» 281 intentan «atemorizar» a los periodistas, ya que pretenden juzgarlos en tribunales ordinarios y no por el tribunal de Imprenta.
«No es que los periodistas estemos en contra de la lucha contra la discriminación y el racismo, porque además todo ello ya está establecido en la Constitución», expresó el presidente de la APLP, Raúl Peñaranda.
El «problema es que esas figuras son tan vagas que pueden ser utilizadas contra los periodistas, peor aun considerando que jueces y fiscales, son en los hechos, trabajan como si fueran funcionarios del Ejecutivo», añadió.
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó a los medios que el Gobierno es «respetuoso» de los derechos humanos, la libertad de expresión e información, luego de la polémica que ha generado el proyecto de ley denominado «Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos».
«Somos un Gobierno que respeta los derechos humanos, tenemos convenios internacionales, tenemos aquellos compromisos y prueba clara de ello es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llegado al país», manifestó Alcón.
La CIDH realizó la semana pasada una visita «in loco» al país y entregó unas observaciones preliminares, entre las que hace un llamado a la «reconciliación» de todos los bolivianos.
La viceministra aclaró que es un proyecto de norma, por lo que debe ser socializado y analizado con distintos rubros, además aseguró que en la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación ya hay un artículo similar y que esa norma tiene unos 13 años de vigencia.
Además, recalcó que la Constitución garantiza la libertad de prensa y se respeta la Ley de Imprenta.
Dicho artículo menciona que «serán sancionados con tres a siete años de prisión las personas que difundan por cualquier medio ideas basadas en la superioridad racial, que promuevan o justifiquen el racismo, que se difundan discursos de odio o cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno».