6 C
La Paz
jueves, abril 15, 2021
InicioOpiniónEditorialAspirinas para el sistema judicial

Aspirinas para el sistema judicial

La comunidad internacional no se cansa de apoyar a Bolivia en los intentos por reestructurar el sistema judicial. Ha sido mucha la ayuda proporcionada por diferentes organismos internacionales y países amigos que han brindado una cooperación decidida para cambiar la imagen de la justicia boliviana. Probablemente estos organismos hayan comprendido la inquietud nacional sobre el actual estado de la justicia que es causante del mayor daño a la democracia, a la convivencia armónica y a la institucionalidad, además de alentar la corrupción, la impunidad y la injusticia, que derivan en una serie de distorsiones que ahondan la crisis en el país.

Esta es una percepción generalizada que seguramente ha motivado a diversas instituciones del mundo a seguir colaborando, pese a los reiterados fracasos. Ahora, nuevamente la Unión Europea, la embajada de España y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), apoyarán con 3.5 millones de dólares para el «Programa Acceso a Justicia para todos y reforma del sistema», según el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egüez Oliva. El magistrado explicó que el programa se centrará en «seis tareas clave» que son la implementación de la carrera judicial y fiscal, el refuerzo de modelos de gestión, la promoción de digitalización, transparencia institucional y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de defensa pública, acceso a la justicia, reforzamiento de perspectiva de género y de lucha contra la violencia contra mujeres y niñas.

Sin duda este nuevo apoyo al sistema judicial merece ser destacado, aunque exista la convicción de que el principal problema radica en otro ámbito de la vida nacional. Es la intromisión de la política partidaria la que ha desnaturalizado al sistema judicial, además de la cooptación que ha llegado al extremo de judicializar la represión política. Mientras no se logre corregir ese extremo, y lograr una voluntad política de cambio, la justicia solamente responderá al poder del momento. La justicia requiere una transformación integral que no se logrará con aspirinas, sino con una cirugía mayor.

Lo peor es que en este momento no existe la voluntad política para ese cambio trascendental. Una señal inconfundible es la nueva frustración de los nuncios de reestructuración del sistema judicial, que dejó de ser una prioridad para el gobierno actual, -o tal vez nunca estuvo entre los temas esenciales- de manera que, aunque existen protestas, reclamos, críticas y advertencias, o inclusive la buena voluntad de cooperación internacional, a nadie extraña la decisión que adoptó la actual administración, de considerar que la reforma judicial puede esperar. Esta percepción va más allá cuando el que parece que está muy satisfecho con la anulación de obrados de juicios contra los dirigentes masistas, en un evidente compromiso para dejar en la impunidad los centenares de delitos perpetrados en los 14 años de gobierno del MAS. La aprobación de la ley de amnistía e indulto está destinada a beneficiar a autores de actos contra la democracia, atentados contra la ciudadanía, los bienes del Estado y de privados. De esta manera son neutralizados los procesos utilizando el concepto de «razones humanitarias y perseguidos políticos».

Los primeros anuncios de una reestructuración del sistema judicial fueron solamente una distracción más para mantener la opacidad en las políticas, actos y responsabilidades de los funcionarios públicos. Desde el momento en que el ministro David Lima habló de reformar el sistema judicial, hubo contradicciones con la realidad. Se habló de llevar a referendo junto a las elecciones sub nacionales algunas modificaciones a la Constitución Política del Estado. Para los constitucionalistas, esa vía era improbable en los tiempos requeridos por las normas, ya que son necesarios tres meses para la convocatoria, y cumplir los mecanismos para la reforma constitucional que de ninguna manera se podía lograr en lo que resta para la fecha de los comicios, establecida para marzo.

Otra señal fue que el gobierno trabaja con un grupo de «notables» -casi todos ex funcionarios del gobierno del MAS- en lineamientos del plan de reforma. Aun así, algunos de estos notables renunciaron. También es una evidencia de que al gobierno no le interesa cambar al sistema judicial que tiene a su disposición. Es más, desde el gobierno se dijo sobre la reestructuración que «no hay prisa». Mientras tanto, la justicia anuló y archivó la denuncia de fraude electoral. Anteriormente fueron anuladas varias acciones iniciadas por diversas causas a ex autoridades del MAS y a dirigentes por hechos violentos contra la población y los bienes públicos y privados. Tanto políticos como dirigentes de organizaciones democráticas deploraron esta secuencia que confirma los compromisos entre el MAS y el sistema judicial. De todas maneras, es necesario agradecer la voluntad de cooperación de la comunidad internacional en un tema tan sensible, y tal vez, al promover «transparencia institucional y lucha contra la corrupción», se logre sentar las bases para un verdadero cambio.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

MÁS LEÍDAS

- Publicidad -