La falsificación de medicamentos, el contrabando y el comercio informal de fármacos atentan contra la salud de la población, mientras el país carece de normas legales que protejan a la población y sancione estas actividades criminales. Estos y otros datos alarmantes fueron expuestos en un Foro auspiciado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en el que la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, señaló que entre 2016 y 2017 se decomisaron 30 toneladas de medicamentos, los cuales fueron destruidos, y señaló que el ingreso se lo hace por los pasos fronterizos que tiene Bolivia con los países vecinos, principalmente, Perú.
En el foro se presentó un estudio que alerta sobre los peligros del comercio informal y la falsificación de medicamentos en el país, un problema que afecta a la salud pública de la población. El trabajo, denominado “El negocio de la muerte” realizado por el economista Gonzalo Vidaurre, revela que el contrabando de medicamentos puede representar hasta el 21% de las ventas de la industria farmacéutica y afecta al producto interior bruto (PIB) en un 0,2 %, afecta a más de mil fuentes de trabajo cada año y permite una evasión impositiva estimada en 15 millones de dólares.
Pero más allá de los perjuicios económicos se trata de «un problema de salud pública» por las consecuencias que trae el consumo de medicamentos adulterados o sin registro sanitario. La investigación se realizó con visitas de campo en zonas específicas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y también en base a entrevistas, grupos focales y una encuesta a más de mil personas en esas ciudades.
Los resultados de las encuestas reflejaron que al menos el 76 % de los consultados son conscientes de que están comprando un fármaco fraudulento, el 70 % desconoce el origen del medicamento y el 44 % no sabe identificar un producto de contrabando. En octubre de 2017, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, las autoridades bolivianas procedieron al secuestro de tres camiones cargados con los productos falsificados.
Los cargos para los involucrados en este ilícito fueron por los delitos de atentado contra la salud pública y enriquecimiento ilícito. Lamentablemente se informó que los sindicados de este ilícito no fueron cautelados y solamente se les dio detención preventiva. Lo más sorprendente del informe es que sin conocimiento de las autoridades se procedió a la devolución de la mercadería falsificada a simple requerimiento.
Este caso resulta ser muy extraño, pues el informe del Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha verificado que estos medicamentos no tenían registro sanitario ni autorización para su comercialización. En otro caso, en el año 2010, una empresa importadora de medicamentos tenía su almacén principal en la ciudad de Cochabamba medicamentos con fecha vencida. Las autoridades procedieron con su clausura en el año 2009 y secuestraron 20 toneladas de medicamentos con 38 fechas de vencimiento adulteradas.
Las deficiencias múltiples en los servicios públicos de salud, las carencias de centros hospitalarios y los problemas del sistema mismo, son muy graves. La salud de la población boliviana está en permanente riesgo por la debilidad institucional de los organismos encargados de velar por la sociedad. Los males de sistema de salud y de la seguridad social en el país son endémicos y ningún gobierno ha podido encontrar soluciones.
Se evidencia ausencia de voluntad política para cumplir con el mandato de la CPE de hacer que la salud de la población sea en verdad una prioridad.