Entre las muchas deudas del Estado hacia la sociedad figuran la seguridad ciudadana y la certidumbre en relación al derecho propietario, después que durante más de 14 años se ha deteriorado el estado de derecho transgrediendo tanto los mandatos de la Constitución Política del Estado como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La propiedad privada ha sido avasallada desde 2006 dejando un rastro indignante de impunidad. La ausencia del Estado en la tarea de brindar seguridad jurídica ha dejado a los propietarios a merced de consorcios de abogados, jueces, fiscales y empleados de derechos reales y funcionarios municipales coludidos con «loteadores», usurpadores, invasores de predios y «jukus».
Diversas instituciones y personas presentaron querellas contra los avasalladores, pero nunca prosperaron, todo lo contrario, ha habido negligencia o protección y aliento a los avasalladores. En diversas ocasiones, dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), y de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), así como empresarios mineros y hacendados, denunciaron que unas 100 propiedades rurales y complejos mineros fueron avasallados en todo el país, y cuestionaron la actitud pasiva de las autoridades. Lejos de escuchar los reclamos se emitieron normas y advertencias amedrentando a los terratenientes y empresarios, dando aliento a la toma de empresas y propiedades.
Es un deber del Estado proteger la propiedad privada y sancionar a quienes vulneran las leyes. Hasta ahora no se ha logrado que vaya a la cárcel algún «loteador» o avasallador. Las leyes nacionales protegen la propiedad privada, pero en los hechos ha habido una vulneración sistemática acompañada de impunidad. La Constitución Política en su Art. 56 dispone que «Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria». Además, el Art. 57 determina que «la expropiación se impondrá por causa de necesidad y utilidad pública, calificada conforme a la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión».
Asimismo, el Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que «Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad». Es oportuno explicar que la propiedad es el derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. Además, es un derecho humano. Naturalmente que la propiedad privada conlleva también responsabilidades, por una parte, con el fisco mediante el pago de impuestos. Asimismo, el uso que se dé a la propiedad no debe ser perjudicial al interés colectivo, por ejemplo, no es legal producir coca, marihuana u otro alcaloide, sin embargo, esa norma no fue aplicada hasta ahora en El Chapare.
En la actual administración, nuevamente se dan ocupaciones de patrimonios privados y del Estado. La semana pasada un grupo de aproximadamente 20 personas, armadas y encapuchadas, tomaron de rehenes a 17 personas, entre trabajadores, policías y periodistas que visitaron una hacienda en Guarayos (Santa Cruz) donde por denuncias de propietarios y agrarios se habían producido una serie de abusos. La demora en la respuesta de autoridades y de la policía generó reacciones de protesta. Finalmente, la fiscalía anunció que se identificaron a algunos de los autores del hecho. Asimismo, el Ministerio Público citó al director departamental del INRA de Santa Cruz, para que se presente en calidad de «testigo» en el caso del secuestro. Lo que extraña es la actitud de algunas autoridades que intentan tergiversar los hechos y minimizar su gravedad, ya que se trata de una incursión de gente armada a una propiedad rural, efectuando disparos de armas de fuego, además de haber secuestrado a varias personas de acuerdo a la denuncia de las víctimas, a las que se retuvo por varias horas. Un hecho de esta naturaleza no debe quedar en la impunidad.