Un militar investigado por las muertes de civiles en Sacaba durante la crisis social y política de 2019 fue aprehendido este martes, el primero dentro de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado.
Alfredo C. M. «se encuentra en calidad de aprehendido y se realizarán los actos investigativos que se vean por convenientes para esclarecer este hecho», aseguró la fiscal Lizeth Martínez, citada en un comunicado de la Fiscalía.
La nota establece que se «encontraron suficientes elementos» para ejecutar una orden de detención contra el militar que es comandante del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército de la región central de Cochabamba, sobre el que pesa ahora la acusación de «asesinato».
Esta acción de la Fiscalía es la primera de esa naturaleza y se da poco más de un año después de los sucesos que se saldaron con la muerte de diez civiles y decenas de heridos en la zona Huayllani, de la ciudad cochabambina de Sacaba y que ha sido definida como una «masacre» por los familiares de las víctimas.
El suceso de 2019 se produjo cinco días después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país, que denunció un «golpe de Estado» en su contra.
La versión del Gobierno interino de la entonces presidenta Jeanine Áñez fue que las fuerzas de seguridad no utilizaron armamento letal y que los disparos supuestamente provinieron de parte de los manifestantes, algo que fue puesto en duda por organizaciones vinculadas a los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo.
Algo de parecida magnitud sucedió días después ante protestas en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, por la muerte de otros diez manifestantes y varios heridos en otra acción del Ejército y la Policía.
Ambos hechos están en proceso de investigación por parte de la Fiscalía que según algunos activistas en derechos humanos ha retomado gestiones hace un par de semanas.
Este pasado lunes llegó un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para indagar sobre esto sucesos en medio de pedidos de los opositores del país para investigar otros casos violentos en los que también hubo fallecidos y heridos de sectores cívicos contrarios al expresidente Morales.
Durante la crisis política de 2019 fallecieron unas 37 personas según los datos de la Defensoría del Pueblo entre los que se identificó a partidarios y contrarios al exmandatario.
En tanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) busca desde el Legislativo, en el que tiene mayoría, promover un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus colaboradores.