El actual gobierno ha incrementado la ayuda para el agro, ha concedido beneficios de diversa naturaleza y el presupuesto para incentivar a este sector se ha aumentado considerablemente, pero el país produce menos alimentos básicos. ¿Qué está ocurriendo? La única explicación posible es que algo se hace mal, no se analizan los proyectos con el concurso especializado. Se prefiere la improvisación y la presión. Las políticas nacionales carecen de planificación responsable y fundamentada. Frente a ese vacío, las determinaciones se adoptan de acuerdo a circunstancias o a intereses sectoriales.
¿O será que se está desviando el fin supremo de consolidar la seguridad alimentaria, para producir otra cosa? De todas maneras el resultado, es preocupante y requiere de un cambio de timón porque lo que está ocurriendo actualmente es que se invierte mucho y la producción alimenticia es deficitaria. La producción no aumenta en proporción a las crecientes necesidades y se apela a la importación de alimentos. En los últimos 10 años la importación de alimentos tradicionales se incrementó en 54 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Además del aumento de las importaciones, llama la atención que ahora el país compra alimentos tradicionales como papa, hortalizas y frutas, que antes los pequeños productores los cultivaban.
Esto se debe, por una parte, a la migración de los campesinos del campo a la ciudad, a la falta de incentivos o la politización de los recursos al permitir que las organizaciones sociales administren esos recursos como sucedió con el Fondo Indígena. En las últimas gestiones del Gobierno se destinaron mayores recursos a los grandes y pequeños agricultores para mejorar la producción, también creó el seguro agrario, sin embargo, la dependencia de alimentos con el exterior crece.
Naturalmente que este desbalance tiene que tener alguna explicación, y para los analistas la razón está en el destino que se da a los esfuerzos agroindustriales. Lejos de producir alimentos para la población, respetando los anuncios de buscar la seguridad alimentaria, las inversiones se destinan a la soya, caña, palmas y otros rubros de mayor rendimiento económico, como el boom de los biocombustibles. Hay un acuerdo con los grandes productores para que el Estado adquiera toda la producción de etanol, o alcohol anhidro que se destina para mezclar con la gasolina.
Por ejemplo, dirigentes de la Unión Agroindustrial de Cañeros revelaron que hay un compromiso del Gobierno con ese sector para comprar a los ingenios azucareros más de 3,5 millones de litros de alcohol anhidro por mes. Ya las plantas están produciendo un volumen de 300 mil litros diarios de alcohol anhidro. Desde enero hasta el paso mes de septiembre, se ha entregado a YPFB un total de 29 millones de litros de alcohol anhidro. Sin duda se ha logrado acertar en un gran negocio, altamente productivo. Se trata de un verdadero filón que no será desaprovechado por los gestores de este proyecto, pero quienes pagarán los platos rotos serán los usuarios finales, que se resignarán a utilizar una gasolina degradada con alcohol, y los más perjudicados serán los bosques, depredados y quemados para ampliar los cultivos para el más pingüe negocio de los últimos tiempos.
Ya los ingenios azucareros anticipan que habrá excedente de alcohol anhidro, y es que es muy tentador el cambio de rubro, en lugar de producir alimentos destinar las tierras a cultivos para la agroindustria del etanol, que con forme al acuerdo YPFB debe pagar $us 0,71 (aproximadamente cinco bolivianos) el litro, puesto en la industria, sin tomar en cuenta el transporte hasta los surtidores ni los impuestos correspondientes. Resulta que es un producto más caro que la gasolina. Un informe de prensa daba cuenta que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos paga a los ingenios Guabirá, Aguaí y Unagro hasta un 26,7% más por el etanol (alcohol anhidro) que el precio en el mercado de Brasil, líder regional en la producción de aditivos de origen vegetal.