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jueves, diciembre 2, 2021
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Bloques cívicos marchan contra el cierre del caso fraude electoral

Varios sectores cívicos y plataformas ciudadanas han convocado para este jueves marchas y concentraciones en distintos puntos de Bolivia para exigir la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa, que hace unos días dispuso el cierre del caso «fraude electoral».

«No vamos a cesar en estas movilizaciones hasta que el fiscal Lanchipa dé un paso al costado», manifestó este jueves a los medios el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en La Paz.

Morales indicó que se ha logrado «una articulación con el movimiento cívico a nivel nacional» puesto que las convocatorias a marchas y cabildos se realizarán principalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba para «recuperar la justicia» que, según dijo, está bajo control del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Demandas de las protestas

«La única fuerza que va a poder generar la renuncia del señor Lanchipa es la movilización ciudadana», mencionó el activista que lamentó que estos hechos se produzcan en la víspera de la Independencia de Bolivia.

Varias de las convocatorias que circulan en redes sociales también refieren otras demandas como la «libertad de presos políticos», «cárcel para los que hicieron fraude en 2019» y el «rechazo a las modificaciones» a una normativa de la Policía Boliviana.

«Yo marcho ¿y vos?», publicó este jueves en Twitter el exlíder cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que es además el principal denunciado por el caso llamado «golpe de Estado» pero sobre el que hasta el momento la justicia no ha tomado acciones.

Por ese proceso judicial están bajo reclusión la expresidenta interina del país Jeanine Áñez y dos de sus exministros, hace casi cinco meses, además de varios exjefes militares bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.

Una tensión latente

Consultado por los medios, el diputado del MAS Renán Cabezas aseguró que los grupos cívicos que anunciaron movilizaciones «están queriendo lastimar» la democracia del país y pidió respeto para el pueblo que se manifestó en los comicios de octubre del año pasado.

La semana pasada la Fiscalía presentó los resultados de una pericia encargada al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España, que determinó que pese a las deficiencias en la administración de esos comicios «no se advierte manipulación de los votos».

Ese informe se contrapuso a la auditoría que efectuó la Organización de Estados Americanos en 2019 que detectó irregularidades «muy graves» como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.

Ante aquello, la Fiscalía dispuso el sobreseimiento de los principales acusados por considerar que no hubo delito a pesar de que fue el mismo fiscal general que el 10 de noviembre de 2019, horas después de conocerse el informe de la OEA, anunció la emisión órdenes de aprehensión contra vocales nacionales y departamentales.

Los sucesos de 2019 mantienen en la población una tensión latente entre quienes consideran que la crisis política y social que se produjo fue resultado de un fraude en las elecciones anuladas de 2019 y quienes creen que hubo un «golpe de Estado».

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