La decisión del gobierno de ignorar el estado de derecho, mantener un sistema judicial politizado y carente de credibilidad, y la insistencia en la persecución política han sido observados por varios organismos, países y en general por la comunidad internacional. Lamentablemente, las transgresiones a los derechos humanos se han convertido en una constante en Bolivia durante las últimas dos décadas, con una sensible destrucción sistemática de la institucionalidad y de los valores democráticos.
En varias oportunidades se han pronunciado los mecanismos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisionada para los DD.HH., la OEA y otras instancias como Human Risghts Watch, y Amnistía Internacional. Todas estas instituciones han coincidido en pedir a los gobiernos bolivianos que han detentado el poder en los últimos 20 años, que respeten la institucionalidad, las normas legales y los derechos humanos. Sus pedidos se han dirigido concretamente a los gobiernos de Sánchez de Lozada, Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce Catacora. Probablemente el más categórico pronunciamiento haya sido el del Parlamento Europeo, que deplora una serie de excesos que se están dando en la actual administración, por las connotaciones que implica y las derivaciones ejecutivas que podrían generar. De hecho, se trata de una denuncia y condena del Parlamento Europeo por la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, y la persecución a sus colaboradores. Inclusive esa instancia europea pidió la inmediata liberación y retiro de los cargos a la ex mandataria.
Tanto el gobierno como dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) calificaron a la resolución del Parlamento Europeo como una «injerencia e intromisión», aunque algunas autoridades prefirieron guardar silencio. La resolución de la Eurocámara contiene diez puntos, y fue aprobada por mayoría con 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones. Entre sus principales observaciones, señala que Áñez «cumplió plenamente con su deber bajo la Constitución boliviana como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial que dejó Evo Morales, al renunciar tras los violentos disturbios que desencadenaron un intento de fraude electoral». Recuerda que el Tribunal Constitucional aprobó el traspaso de poderes a Áñez y que las elecciones del 18 de octubre de 2020 se celebraron sin incidentes y con todas las garantías democráticas. Realmente se trata de una argumentación sobre el respeto al estado de derecho y aporta al esclarecimiento de los hechos históricos en momentos en los que el oficialismo mantiene una retórica de un supuesto golpe de Estado para enjuiciar y encarcelar a los políticos de oposición.
El Parlamento Europeo también se ha pronunciado sobre un problema de graves consecuencias que padece nuestro país, y que tiene que ver con el sistema judicial comprometido políticamente. Observa «la falta de independencia e imparcialidad» del sistema judicial boliviano, la persistencia de problemas estructurales y hace referencia a la presión política sobre la justicia para perseguir a los opositores, y subraya la importancia de mantener garantías de respeto al estado de derecho, de manera que se pueda garantizar que el poder judicial esté libre de presiones políticas. Pide que se restablezca una «justicia real e imparcial, y que todos los responsables rindan cuentas, sin recibir amnistías ni indultos por sus opiniones políticas».
La resolución de la Eurocámara motivó algunas destempladas reacciones que no responden al problema de fondo, a la esencia del problema que es el respeto a las normas legales y a los derechos humanos. Por ejemplo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que la resolución europea busca la impunidad de Áñez. El presidente de la Cámara Diputados Freddy Mamani, considera que la posición de los europarlamentarios es «irresponsable». Y sostiene que «Bolivia es un país soberano, donde se busca justicia por los hechos de 2019». Asimismo, rechazó toda injerencia. Evo Morales, fue más allá y acusó a la «ultraderecha» del Parlamento Europeo de confirmar «con su resolución complicidad en el golpe de Estado».
Pero el hecho fundamental es que una vez más se demuestra que la comunidad internacional está atenta a lo que ocurre en Bolivia, y conoce los excesos que se producen. Aunque la comunidad internacional respeta la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de cada país, se debería toman en cuenta que también existen convenios internacionales y convenciones de las que Bolivia como nación es signataria, y por lo tanto obligada a respetar sus previsiones. Recordemos que está vigente la Carta Democrática de la OEA, y que así como se reclama la no injerencia, también debe respetar los tratados internacionales.