El Gobierno aseguró este miércoles que su defensa en la disputa con Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre las aguas del Silala se basa en estudios científicos independientes.
Esta postura fue dada a conocer por el canciller, Rogelio Mayta, y el secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, tras conocerse que el alto tribunal de Naciones Unidas fijó fechas para unas audiencias orales dentro del proceso iniciado en 2016.
«La posición de Bolivia desde que se ha iniciado esta disputa siempre se ha asentado en lo que dispone la ciencia» y en estudios científicos hechos hace años y otros más recientes, manifestó Calderón a los medios.
Calderón dio un informe detallado sobre los profesionales extranjeros, abogados y científicos, contratados por el país para complementar el trabajo del equipo boliviano que lleva esta demanda.
Según el funcionario, los estudios hechos en el pasado sobre estas aguas por entidades locales estatales y privadas fueron presentados en los alegatos escritos «como pruebas con las que cuenta Bolivia» dentro de su disputa sobre la naturaleza de las aguas del Silala.
Ante la necesidad de «profundizar» y actualizar estos informes, además de realizar otros nuevos, el Gobierno boliviano contrató al instituto sin fines de lucro DHI, con sede en Dinamarca, que se especializa en la investigación sobre recursos hídricos, destacó Calderón.
Dentro del equipo de DHI encargado del caso boliviano están los ingenieros daneses Roar Jensen y Torsten Jacobsen, y el estadounidense Michael Gabora.
«Este es el equipo científico que trabaja representando los intereses de Bolivia, pero es importante destacar que su trabajo, como todo trabajo en el área de la ciencia, es independiente», agregó.
Los antecedentes
Chile demandó a Bolivia en 2016 ante la CIJ para evitar que impida el flujo de las aguas hacia su territorio, al argumentar que el Silala es un río internacional entre ambos países.
Bolivia contestó en 2018 con tres contrademandas al considerar que las aguas eran originalmente unos manantiales nacidos en su territorio, pero fueron canalizadas hacia la frontera por una empresa chilena de ferrocarriles en la década de 1920.
El Silala nace en Bolivia y cruza la frontera hasta desembocar en otro cauce en Chile, pero su uso y estatus han erosionado las relaciones entre ambos en los últimos veinte años.
Relaciones ya deterioradas a causa de la centenaria reclamación marítima boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra a fines del siglo XIX que también llegó a la corte de La Haya.
El tribunal informó en esta jornada que convocó a ambos países para unas vistas orales que se celebrarán entre el 1 y el 14 de abril en las que se tratará tanto la denuncia inicial de Chile como la demanda reconvencional de Bolivia.
Estas audiencias tendrán un formato «híbrido» por la pandemia de la covid-19, lo que supondrá que las delegaciones podrán intervenir en persona o mediante videoconferencias.
En su comparecencia ante los medios, el canciller Mayta se limitó a confirmar la realización de las vistas y repasó las acciones asumidas por Bolivia hasta el momento.
«No vamos a hacer apreciaciones valorativas de ninguna naturaleza en relación al caso específico por las restricciones de la corte misma y por prudencia», agregó.
El agente boliviano en este caso es el diplomático Roberto Calzadilla y en el equipo extranjero también hay abogados de Francia, Estados Unidos, Italia, España y Nicaragua, según las autoridades bolivianas.