Bolivia afirmó ayer que pagará solo 18 y no los 385 millones de dólares demandados en un proceso internacional por la firma minera canadiense South American Silver, a raíz de la reversión de una concesión minera a favor del Estado boliviano en 2012.
La Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, emitió un laudo en el que reconoce los argumentos de Bolivia y establece una indemnización de 18,7 millones de dólares a favor de South American Silver, firma canadiense que había demandado de manera «abusiva» 385,7 millones de dólares, explicó el procurador general del Estado de Bolivia, Pablo Menacho.
Acotó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) «ha acogido todas las solicitudes» planteadas por el país en el proceso de arbitraje.
El procurador hizo el anuncio acompañado por los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería de Bolivia, César Navarro.
Menacho aseguró que «el monto reconocido por el tribunal» fue de 18 millones de dólares con base en un estudio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que corresponde a los gastos que tuvo la empresa extranjera.
La autoridad boliviana cuestionó que South American Silver haya buscado «beneficiarse indebidamente del derecho internacional», al pretender exigir 385 millones de dólares como producto de la reversión en 2012 del yacimiento de Mallku Khota.
«Bolivia no violó su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros», declaró Menacho haciendo referencia al dictamen del Ciadi.
La concesión se ubicaba en la región norte del departamento de Potosí, en el occidente boliviano, y es rica en plata, indio, plomo, cobre y zinc, con un potencial de 8.000 millones de dólares, según un estudio reciente encargado por autoridades bolivianas.
La empresa canadiense, después de años de estudio sobre sus reservas de plata e indio, había calculado que la mina estaba valorada en 2.000 millones de dólares.
La mina era explotada desde 2007 y fue objeto de fuertes disputas entre indígenas y mineros, lo que derivó en que pasara a manos del Estado boliviano.
El ministro de Minería, César Navarro, manifestó que la empresa buscó generar «fuertes divisiones» entre las comunidades de la región.
La firma minera inició en 2013 un proceso de arbitraje bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en busca de una compensación, que según las autoridades bolivianas concluyó con la notificación hecha pública este jueves por la Procuraduría de Bolivia.