El Gobierno boliviano remarcó ayer la necesidad de combatir la trata de personas con el mismo enfoque que se aplica en la lucha antinarcóticos, al tratarse de un delito cometido por «organizaciones poderosas».
En un acto por el Día Mundial contra la Trata de Personas, el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Romero, consideró «fundamental» el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) porque «la trata y tráfico de personas hay que abordarla como trabajamos la lucha contra el narcotráfico».
«En la lucha contra el narcotráfico tenemos entidades que las hacemos fuertes, porque tienen que enfrentarse a organizaciones poderosas y las organizaciones de tratantes son también organizaciones poderosas porque tienen mucha logística, tecnología y tienen muchos recursos económicos», afirmó Romero.
Por ello, incidió en la importancia de replicar los aspectos que correspondan del modelo de lucha antidrogas en las políticas contra la trata de personas y abogó por incorporar cada vez más esta problemática en las agendas regionales.
El Gobierno boliviano también presentó su plan trienal para combatir ese delito, durante un acto en La Paz al que asistieron representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Según Romero, Bolivia enfrenta «dos situaciones particulares como país» con respecto a la trata de personas.
La primera es la vulnerabilidad de algunos sectores de la población frente a ese delito y la segunda es el ser «territorio tránsito», por su ubicación geográfica, para el traslado de personas con fines de explotación laboral o sexual hacia naciones vecinas.
En el primer caso, el ministro mencionó que las denuncias de desaparición de personas se incrementaron casi en diez veces en la última década, al pasar de un promedio anual de 50 hace diez años a 586 en 2016, 452 en 2017 y 196 en lo que va de este año.
La mayoría de las denuncias se concentra en el departamento de La Paz, sobre todo en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país y donde se encuentra «la población más vulnerable a la trata y tráfico de personas», señaló Romero.
En cuanto a Bolivia como territorio de tránsito, hace unos años el país registró grandes cantidades de personas centroamericanas, sobre todo de Costa Rica, que eran trasladadas hacia Brasil por territorio boliviano «con fines de explotación laboral», explicó.
Según el ministro, esto se pudo neutralizar mediante acciones coordinadas entre los Gobiernos y fuerzas de seguridad brasileñas y bolivianas.
No obstante, llamó la atención de las autoridades bolivianas que en el último tiempo surgieron casos de peruanas ingresadas al territorio nacional y de bolivianas llevadas a Perú y Argentina «con fines de explotación sexual».
Por estas razones, Romero remarcó que es importante «desarrollar una verdadera estrategia regional» contra la trata de personas.
La autoridad anunció que este miércoles sostendrá en Buenos Aires una reunión con la ministra argentina de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y le planteará «una agenda especial para enfrentar la problemática de trata y tráfico de personas».
El encuentro entre Romero y Bullrich se dará dentro de la XI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que comienza este martes en la capital argentina.