Los mandatos de la Constitución Política del Estado son de cumplimiento obligatorio, pero en forma extraña, el gobierno eludió condenar la invasión rusa. El Gobierno, a través de un comunicado, expresó su preocupación por el ataque de Rusia a Ucrania e hizo un llamado a preservar la paz y la seguridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó la falta de diálogo y entendimiento entre los países en conflicto y exhortó a la búsqueda de soluciones políticas diplomáticas. A su vez, convocó a todas las partes a comprometerse a realizar acciones de distensión y evitar el uso de la fuerza. «Bolivia, como Estado pacifista, promueve el derecho de los pueblos a vivir en paz, por lo cual la prioridad debe ser proteger la vida, en el marco del respeto al Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario», dice el comunicado.
Lamentablemente, esta posición va contra la absoluta mayoría de los países del mundo que en la Organización de Naciones Unidas condenaron la invasión, y demandan el inmediato cese de hostilidades y que Rusia vuelva a sus fronteras. En nuestro medio, la oposición considera insuficiente la posición asumida considerando que la CPE, en su Art. 10, afirma que «Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre Estados…» Tres expresidentes se pronunciaron deplorando la posición del gobierno que contradice también la posición pacifista del pueblo boliviano. Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, por separado, lamentaron la posición del gobierno, que además, va en contra de la política nacional de reclamo contra la invasión chilena que en una guerra no declarada ocupó la costa del pacifico dejando a Bolivia si salida al mar.
La mayoría de los países del mundo está en contra de la guerra y condenaron la arremetida rusa. Estados Unidos y la Unión Europea decidieron aplicar sanciones económicas y buscar aislar al régimen de Putin. En Latinoamérica, solamente los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua manifestaron su respaldo a Rusia. Naturalmente que puede haber posiciones personales disidentes con la política nacional, o con determinadas decisiones, pero de ninguna manera puede aceptarse posiciones de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento legal, que vayan en contra de la Constitución y las leyes. Es aún mucho más delicado el tema si se miden las consecuencias de una actitud como la que está adoptando el gobierno del MAS. Sin duda, existe el riesgo de que las grandes potencias del mundo, que siempre han cooperado a Bolivia, cambien su actitud frente a la posición boliviana, que demuestra una inconsistencia con los postulados enmarcados en la Constitución, que es la guía para el desarrollo de las políticas nacionales e internacionales, y además esta posición va en contra de los propios intereses nacionales y contra la política definida sobre la cuestión marítima.
Anteriormente hicimos referencia al significado de la apología del delito como el acto realizado de modo individual o colectivo, que incita a incurrir en una acción que atenta contra el orden jurídico. Hay muchas maneras en que se manifiesta la apología del delito. En el ámbito político con frecuencia se incurre en esta figura, especialmente en la instigación, y en la justificación de situaciones violentas, racismo, odio por género y otras formas. También se trata de una cuestión cultural, ya que muchas expresiones consideradas como «apología delictual» en occidente, son toleradas en otras culturas.
Con las redes sociales se ha incrementado esta figura de agresión ya que la gente mal utiliza la libertad de expresión, y muchas veces exalta la violencia, la irresponsabilidad y da aliento a hechos repudiables. La apología del delito puede asumir muchas formas como por ejemplo demandar que no se paguen impuestos o llamar al incumplimiento de la ley. En el caso de nuestro país, por ejemplo, alentar la guerra es un delito. La constitución Política del Estado proclama a Bolivia como «un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz…» y además «rechaza toda guerra de agresión». Esta posición ha sido aprobada por el pueblo boliviano en un referendo que puso en vigencia la CPE actual. Pero pese a todo, un diputado nacional calificó «acertada» la invasión rusa a Ucrania. La guerra es un acto criminal y existe jurisprudencia sobre los procesos a los jefes nazis por sus actos durante la segunda guerra mundial.