Bolivia reportó 33.453 casos de violencia contra mujeres y menores entre enero y agosto, un 11 % más que en el mismo periodo de 2021, informó este lunes la Fiscalía General del Estado.
Los datos presentados por la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, se registraron entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
«Al 31 de agosto de 2021 se registraron 30.125 casos y en la gestión 2022 tenemos 33.453 casos ingresados, existiendo un incremento de 3.328 casos, es decir un 11,05 % más en comparación con la pasada gestión», señaló Cáceres, citada en la nota.
Los más de 33.000 casos reportados en los ocho primeros meses del año se enmarcan en los delitos señalados en la ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, vigente en el país desde 2013.
La Fiscalía detalló que la mayoría de los sucesos denunciados fueron delitos de violencia familiar o doméstica con 25.959 casos, seguidos por abuso sexual con 2.240, violación a niños o adolescentes con 1.833, violación con 1.884 y estupro con 1.076, entre otros.
Las regiones que reportaron más denuncias fueron Santa Cruz con 12.364; La Paz con 7.059; Cochabamba 5.388; Tarija 2.469, y Potosí 2.029.
Cáceres consideró que la gente «se está animando a denunciar» estos sucesos por la información que genera el trabajo en la «cadena de atención a las víctimas».
El 35 % de toda la carga procesal que entra al Ministerio Público se concentra en la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, mientras que los delitos patrimoniales representan el 27 %, los relacionados con personas el 22 %, los sucesos anticorrupción el 4 % y el narcotráfico el 2 %, entre otros, agrega el comunicado.
Hace unos días, el Ministerio Público informó que entre enero y agosto se registraron 62 feminicidios y 28 infanticidios en el país.
La ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana, sin embargo, las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.
El Gobierno boliviano promulgó en julio pasado una ley que, entre otros, retira el beneficio de la detención domiciliaria a los investigados por estos sucesos y endurece las sanciones contra operadores judiciales que demoren estos procesos o favorezcan de alguna forma a los acusados.
El mismo mes, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reformar y «fortalecer» la norma contra la violencia machista.