Bolivia se acerca a las 11.000 muertes acumuladas de la covid-19 al registrar este miércoles 67 nuevos decesos, mientras que se reportaron 1.771 casos positivos de la enfermedad, en medio de una pugna entre sectores que aprueban y rechazan la ley de «Emergencia sanitaria» pendiente de promulgación.
Con los datos reportados en esta jornada por el Ministerio de Salud, el país, de unos once millones y medio de habitantes, acumula 10.996 fallecidos y 232.502 contagios desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de la covid-19 en territorio boliviano.
La región oriental de Santa Cruz, la mayor del país y la más afectada por la pandemia, reportó 665 nuevos casos, mientras que La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo nacional, registró 410 y los contagios en las otras siete regiones oscilaron entre los 25 y 191.
Bolivia ha afrontado una segunda ola de la pandemia desde fines de diciembre, aunque ahora las autoridades de sanidad consideran que cinco regiones, incluida Santa Cruz, ya están en «la etapa de la desescalada» y La Paz atraviesa una «meseta» de contagios.
La estrategia del Gobierno de Luis Arce para afrontar esta segunda ola de contagios se basa en la aplicación de pruebas masivas, la compra de vacunas y la coordinación con los Gobiernos subnacionales, descartando reponer la cuarentena rígida que se aplicó en 2020 como lo exigen sectores como el personal de la salud.
Este sector ha reclamado a las autoridades medidas más estrictas para evitar más muertes, sobre todo del personal de la salud, y contener los contagios.
También anunció una huelga indefinida si el presidente Arce promulga la ley de «Emergencia sanitaria» aprobada por la mayoría oficialista en el Parlamento pese a críticas de los trabajadores de la salud y la oposición.
Uno de los aspectos cuestionados de esta norma es la prohibición de protestas, manifestaciones o huelgas de los trabajadores de salud que provoquen la interrupción de los servicios en tanto dure el estado de emergencia.
Los profesionales de la salud y la oposición también critican que la ley apruebe las cláusulas de confidencialidad y reconocimiento de normativa extranjera para la compra de pruebas, vacunas, medicamentos o tecnología, al considerar que eso restará transparencia a la gestión de la crisis sanitaria y podría dar paso a la corrupción.
Tras reunirse este miércoles con las autoridades nacionales en La Paz, los sindicatos de obreros y campesinos afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) emplazaron al Gobierno a promulgar la norma en 24 horas y rechazaron la advertencia de huelga de los sectores médicos.