El representante de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Thierry Rostan, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, firmaron ayer una carta de intención para que Bolivia se adhiera al protocolo contra el tráfico de armas de fuego.
El documento expresa la intención del Estado boliviano de adherirse contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, protocolo que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada transnacional.
«La carta de entendimiento expresará la decisión del Estado boliviano de adherirse al protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones», informó el Ministro de Gobierno.
Dijo que el documento será remitido a la Asamblea Legislativa, a través de la Cancillería, para que forme parte de la legislación boliviana.
Más allá de la firma de la carta de entendimiento, Romero destacó que en Bolivia se trabajó en los últimos años en tres medidas con el fin de neutralizar el delito común y el crimen transnacional que está relacionado con «profundas medidas» contra el consumo de bebidas alcohólicas y la drogadicción.
Puntualizó que una medida fue la creación del Registro de Armas de Fuego de Uso Civil, que permitió realizar un censo de 26.000 unidades en poder de la sociedad civil en todo el país.
Por su parte, el representante de la UNODC, Thierry Rostan y la coordinadora Global de Control de Armas de Fuego de ese organismo, Simonetta Grassi, explicó que la firma de la carta permitirá fortalecer la participación de Bolivia en el Programa Mundial sobre armas de fuego y sus actividades e iniciativas.
El programa, financiado por la Unión Europea, tiene como fin contrarrestar el tráfico de armas de fuego y nexos con el crimen organizado transnacional a través de la implementación de la Convención de Palermo y su protocolo adicional sobre armas de fuego en American Latina y África, afirmó.
El documento será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la Cancillería, para que forme parte de la legislación boliviana.